Arquitectura, territorio y redes de ilegalidad
Herramientas del urbanismo feminista frente a la precarización del suelo y la violencia territorial.
La arquitectura y el urbanismo como proyecto político
Frente a las concepciones hegemónicas que pretenden reducir la arquitectura y el planeamiento urbano a un ejercicio puramente técnico, o a las miradas que buscan abordar la inseguridad territorial mediante el despliegue exclusivo de fuerzas policiales, asumimos la disciplina urbanística como un posicionamiento político ineludible. El espacio urbano no es un soporte aséptico; es la traducción física de las relaciones de poder, de género y de clase que atraviesan a la sociedad. Quienes producimos y pensamos la ciudad constatamos a diario que la pretensión de neutralidad en el diseño y en la gestión del territorio ha operado históricamente como una pantalla que invisibiliza desigualdades profundas.
En las periferias metropolitanas, el problema de la inseguridad y el avance de las redes de ilegalidad no constituye un fenómeno aislado ni un mero asunto de orden público. Es el resultado directo de procesos acumulativos de segregación socioespacial, abandono del espacio común y desregulación de las formas de acceso a la tierra y la vivienda. Pretender resolver la violencia urbana únicamente a través de enfoques punitivos —con más patrulleros, operativos de saturación o esquemas de control coercitivo— implica actuar sobre la consecuencia sin modificar la estructura que la genera. Desde nuestra disciplina, afirmamos que la verdadera disputa por la seguridad y la soberanía se libra en la producción del hábitat, en la regularización del suelo y en la edificación de infraestructuras públicas capaces de sostener y cuidar la vida comunitaria.
En este marco, la perspectiva del Urbanismo Feminista resulta indispensable. Al colocar la sostenibilidad de la vida, la experiencia cotidiana y las tareas de cuidado en el centro del análisis espacial, brinda herramientas críticas para comprender cómo la inseguridad territorial afecta de manera diferencial a las comunidades, y de qué modo las políticas públicas deben responder con una mirada integral, articulando la escala del proyecto urbano con la gestión concreta del hábitat popular.
Urbanismo Feminista: marco conceptual y referencias disciplinares
Construir un enfoque proyectual capaz de contrarrestar la violencia territorial exige indagar en la teoría y la praxis del Urbanismo Feminista. Esta postura desplaza la concepción androcéntrica del usuario neutro (que históricamente modeló las ciudades en función del varón proveedor con movilidad pendular) para colocar en el centro de los diagnósticos y de las propuestas a la vida cotidiana y a la diversidad de los cuerpos que la habitan. Ya en la década de 1960, Jane Jacobs demostró que la seguridad en las ciudades no la garantizan las estructuras defensivas ni la vigilancia militarizada, sino la vitalidad del espacio público y la presencia constante de los llamados ojos en la calle. Cuando el espacio público está habitado, cuando el comercio de proximidad interactúa con la vereda y cuando existe una diversidad de usos a lo largo del día, la propia comunidad genera un entorno de protección. Por el contrario, los muros ciegos, la desertificación de la calle monofuncional y el repliegue defensivo “hacia adentro”, habilitan dicho espacio a las dinámicas de la extorsión y el delito.
En el contexto latinoamericano, la arquitecta argentina Ana Falú ha sido pionera en conceptualizar el derecho de las mujeres y diversidades a una ciudad libre de violencias, conectando de manera indisoluble la agenda de género con las luchas históricas por el acceso a la tierra y la vivienda digna y los servicios públicos en las periferias populares. Según Ana, no hay posibilidad de ejercer el Derecho a la ciudad si quienes cuidan enfrentan barreras estructurales de movilidad, tramas circulatorias oscuras y desprotección en el hábitat informal.
El corpus conceptual se enriquece con las aportaciones de autorías de diversas generaciones, latitudes y formaciones, que explican la necesidad de incorporar la noción de equidad interseccional al proyecto urbano. Esta acción requiere analizar cómo se cruzan las dimensiones de clase, género, edad, condición migratoria, entre otras, en la experiencia cotidiana de las personas, y en relación a sus privilegios y opresiones.
A tal fin, fortalecer este enfoque dentro la enseñanza disciplinar en las facultades de arquitectura y urbanismo, constituye una necesidad estratégica y fundamental para poder garantizar el despliegue de políticas públicas con perspectiva de género ecofeminista. Actualizar los marcos pedagógicos es el paso previo necesario para que las normativas, los códigos de zonificación y los instrumentos de gestión pública del futuro dejen de reproducir sesgos patriarcales e invisibilidades históricas.
Existe un vínculo directo entre la mirada del urbanismo feminista y el análisis estructural del mercado de suelo y la vivienda. La perspectiva demuestra que la reproducción de la vida cotidiana no ocurre en el vacío, sino que requiere una base material, segura y equipada. Cuando el acceso a la tierra y la vivienda en las periferias queda exclusivamente en manos de las fuerzas del mercado y de la especulación, las condiciones mínimas para sostener la vida diaria se desmoronan. La inseguridad en la tenencia del suelo, la falta de servicios básicos y la ausencia de reservas para equipamiento público impactan de manera directa sobre las redes de cuidado.
Multiplican las horas de trabajo no remunerado de las personas cuidadoras, precarizan la salud comunitaria y exponen a las familias a situaciones recurrentes de extorsión y despojo. Por lo tanto, profundizar en el análisis de las dinámicas del mercado inmobiliario informal, la fragilidad jurídica de la tenencia y la expansión de las redes de ilegalidad no es un tema ajeno al urbanismo feminista, sino su sustento territorial indispensable: sin regulación del suelo ni tenencia segura, la sostenibilidad de la vida y el derecho a la ciudad resultan inalcanzables.
A partir de este marco teórico, el urbanismo feminista acerca dos categorías: los sistemas integrales de Cuidados y las Infraestructuras Afectivas. Los primeros reconocen que las tareas de cuidados (reproductivas, de crianza, de atención a la salud y de sostén del hogar), constituyen una corresponsabilidad colectiva que requiere soporte físico y presupuesto público garantizado. Las segundas indagan en las capacidades del soporte urbano para dar amparo a las redes de apoyo mutuo, las alianzas comunitarias y las formas contemporáneas de la afectividad que resisten la atomización social y la cultura del miedo.
Redes de ilegalidad, mercantilización del suelo y la trampa de la ficción jurídica
Para comprender por qué el territorio metropolitano se vuelve vulnerable ante la criminalidad organizada, resulta imprescindible examinar las transformaciones en las modalidades de producción del suelo informal. Anteriormente, los procesos de ocupación de tierras en las periferias solían organizarse en torno a estrategias colectivas promovidas por familias con necesidades habitacionales no resueltas. En esas experiencias, la lógica comunitaria preservaba deliberadamente reservas de suelo para plazas, escuelas, centros de salud y trazados de calles con anchos adecuados para la futura integración de servicios públicos. Existía un proyecto de barrio guiado por la solidaridad territorial y la búsqueda de una regularización progresiva junto al Estado.
En la actualidad, esa dinámica se ha ido desplazando por la expansión del loteo informal especulativo. Desarrolladores clandestinos y actores informales subdividen predios de manera intensiva, mercantilizando la totalidad del suelo disponible. En esta lógica hiperdinámica y lucrativa, se eliminan las reservas para equipamiento comunitario e incluso se comercializan los espacios destinados a calles y pasajes. Se generan así tramas urbanas hiperdensificadas, ambientalmente frágiles y desprovistas de espacio público, donde la regulación de la convivencia no descansa en la organización barrial, sino en la coerción, el amedrentamiento y la especulación económica.
En la base de este fenómeno opera la ficción jurídica. El sistema normativo y catastral tradicional funciona bajo un criterio binario: reconoce únicamente la titularidad dominial definitiva o declara la inexistencia legal del asentamiento. Cuando un barrio se consolida al margen de los registros formales y carece de escrituración, el marco legal dominante responde declarando la invisibilidad del territorio. Sin embargo, los barrios existen, las viviendas se habitan y los comercios abren diariamente. Esta ficción de inexistencia jurídica paraliza la capacidad de fiscalización del Estado local: al no existir parcelas registradas ni titulares de dominio formal, el municipio se ve imposibilitado de tramitar habilitaciones comerciales o permisos de edificación para actividades locales como almacenes, mueblerías, corralones de materiales o talleres. Es el propio marco legal el que, por rigidez, arroja a la economía barrial hacia la clandestinidad.
Las redes de ilegalidad leen con precisión esta vulnerabilidad institucional. La desprotección dominial y la ausencia de regulación estatal crean el escenario propicio para la instalación de múltiples economías ilícitas articuladas: el narcomenudeo, las chatarreras de autopartes ilegales, los desarmaderos y el prestamismo informal. Este último opera como un mecanismo de captura financiera: familias de escasos recursos recurren a créditos informales ante emergencias y, ante la imposibilidad de saldar intereses abusivos, sufren la confiscación de bienes y la usurpación violenta de sus viviendas como forma de pago. La precarización del suelo se traduce de este modo en desposesión y violencia cotidiana.
Caja de herramientas: tenencia provisoria, Restitución de Bienes e infraestructuras
Frente a este escenario de fragilidad territorial y avance de mercados ilícitos, la arquitectura y el urbanismo deben desplegar una batería de herramientas propositivas, técnicas y operacionales.
La primera herramienta la constituyen los Dispositivos de Tenencia Provisoria y Reconocimiento Progresivo. Dado que los procesos tradicionales de regularización dominial y escrituración definitiva demandan años de tramitación mientras los mercados informales avanzan diariamente, la política urbana debe implementar instancias intermedias de reconocimiento estatal. La apertura de partidas tributarias provisorias, acompañada por la emisión de certificados municipales de ocupación (para viviendas, comercios y organizaciones barriales), funciona como un puente de legalidad inmediata. Este dispositivo otorga seguridad jurídica a las familias frente al despojo, permite al municipio empadronar a los contribuyentes, exigir estándares básicos de seguridad, otorgar habilitaciones comerciales condicionales y planificar la extensión de servicios públicos esenciales.
Por otra parte, la reconstrucción del catastro real mediante las Cartografías Sociales y Participativas constituye un instrumento de gestión iniciático muy adecuado para articular el conocimiento técnico-académico con el saber situado de las comunidades e identificar recorridos de cuidado, barreras de seguridad percibida y activos comunitarios en el territorio.
Complementariamente, la Materialización de los sistemas integrales de Cuidados y el reconocimiento e impulso de las redes de Infraestructuras Afectivas constituyen aportes fundamentales para la mejora del hábitat y la experiencia cotidiana en los barrios. El proyecto arquitectónico público debe ser consensuado, validado y situado, y la movilidad debe contemplar las tareas de cuidados, que describen trayectos poligonales e interconectados. La planificación urbana debe responder entonces a una escala de proximidad que reduzca tiempos de viaje y brinde entornos peatonales seguros.
Asimismo,se deben incorporar equipamientos específicos que prioricen las necesidades de las infancias, las personas jóvenes y mayores, con criterios de accesibilidad universal en sus diseños, para cobijar las redes de apoyo mutuo, la cohabitación y las alianzas comunitarias, creando lugares con confort ambiental e iluminación que inviten a permanecer y reconstruir la confianza colectiva.
La Restitución Social de Bienes propuesta por Lucas Manjon (orientada a la descapitalización económica de las estructuras delictivas) se vincula de forma virtuosa con estas herramientas ya que, la posibilidad de refuncionalizar los depósitos, galpones o inmuebles decomisados y convertirlos en equipamientos públicos para tareas de cuidados, devuelve el patrimonio sustraído a la comunidad.
Política de Estado para la justicia territorial
La encrucijada que atraviesan los municipios metropolitanos no se resolverá insistiendo en recetas obsoletas. Las violencias urbanas y la consolidación de redes delictivas son el síntoma de una ciudad que se produce de manera desequilibrada, expulsiva y jurídicamente ficcional. Pretender recuperar la soberanía en los barrios sin regularizar la tenencia de la tierra y la vivienda ni construir equipamientos que reconozcan las demandas reales de la comunidad en donde se insertan, es condenar al fracaso cualquier política pública.
Reivindicamos una arquitectura pública y un urbanismo de abajo hacia arriba, que asuman el compromiso ético de intervenir sobre el territorio real y complejo, con foco en la equidad. Otorgar instrumentos de tenencia provisoria para formalizar el hábitat popular, descapitalizar a las estructuras criminales y materializar redes físicas de cuidado y afecto constituyen los pilares de una verdadera estrategia de seguridad democrática y justicia socioespacial.
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