La tribu de mi calle

La seguridad de una ciudad no depende solamente de sus calles, sus cámaras o sus patrulleros. También se construye en los vínculos cotidianos, en los espacios compartidos y en la capacidad de sus habitantes para transformar el territorio.

La tribu de mi calle

Uno de los momentos más lindos del día ocurre temprano, cuando salgo a la calle con mi hijo. El aire de primavera todavía llega fresco, pero buscamos la vereda del sol y el cuerpo se llena de esa energía limpia que sentimos cuando nos despertamos temprano durante las vacaciones y salimos a caminar. Caminamos dos cuadras de la mano hasta el jardín.

En ese trayecto mínimo se despliega una coreografía conocida. La encargada del edificio de Terrero baldeando la vereda; Néstor, que nos saluda con una sonrisa gigante al grito de “¡Hola, Lolo!” mientras abre su ferretería a las 8:45 —un negocio que tiene más años que yo—; el señor que pasea a su perra siempre al mismo compás y el barrendero de la cuadra que nos desea un buen día. A veces nos cruzamos con Joaquín y su mamá, a quienes conocimos en la plaza antes de descubrir que éramos vecinas.

Al dejarlo en el jardín me emociona ver la red que ya está tejiendo mi hijo siendo tan chico. Sus amigos y amigas, las familias, las maestras y los más grandes de la escuela, que pasan y lo saludan chocando las manos.

Unos minutos después, mientras sigo sola hacia el trabajo y cruzo la avenida, me suelo preguntar ¿Por qué me calma tanto caminar esas cuadras? ¿Por qué me siento en casa estando afuera?

La estructura de la vereda

Una parte de la respuesta está en las formas de la ciudad. En esas veredas, a esas horas, pasan cosas. Hay motivos para estar en la calle: los negocios que abren, los timbres de entrada a la escuela, las personas que van camino al trabajo. Sobran razones para circular y permanecer en el espacio público.

Jane Jacobs le puso un nombre muy preciso a esto en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, habló de los «ojos en la calle». No se refería a poner cámaras de seguridad ni a llenar las esquinas de policías, sino a esa atención espontánea y cotidiana que surge cuando una vereda tiene movimiento propio. La encargada, Néstor, el barrendero o el señor que pasea a su perra están ahí por motivos completamente distintos, pero su presencia hace que el espacio público no sea un desierto que una tenga que cruzar en soledad.

¿Qué hace que una calle cobre vida? Es algo que se construye, se sostiene y se mantiene. Importa que haya distintos usos —viviendas, comercios, escuelas, espacios de encuentro—, porque convocan a personas en diferentes momentos del día. Importa que los recorridos a pie tengan continuidad, que los cruces sean comprensibles y que una avenida, una vía de tren o una autopista no se conviertan en barreras difíciles de atravesar.

Cuando analizamos técnicamente los entornos urbanos —por ejemplo, aquellos que rodean a las escuelas— podemos observar estas condiciones a través de dimensiones concretas. La accesibilidad al transporte público, los recorridos peatonales, la seguridad, las barreras físicas que interrumpen o fracturan la trama de la ciudad y la cantidad de comercios y puntos de soporte comunitario. Todo eso sirve para entender qué condiciones materiales facilitan o restringen los desplazamientos cotidianos de las infancias y de quienes las acompañan.

¿Y qué pasa si pensamos en una mujer que camina sola de noche? La posibilidad de moverse con libertad también depende de la hora, de quién realiza el recorrido y de las relaciones que se establecen en ese espacio. Una calle concurrida no es necesariamente una calle segura, pero la diversidad de actividades, usos y personas puede favorecer las condiciones para que quienes la habitan se encuentren, se reconozcan y se cuiden.

Sin embargo, un mapa de las condiciones físicas permite entender mucho, pero no todo. El mapa no es el territorio. Puede señalar una ferretería con persiana a la calle, pero no puede registrar que Néstor nos saluda cada mañana. Puede mostrar dónde hay una parada de transporte público o un centro de salud, pero no alcanza para saber a quién recurriría una mujer si se sintiera insegura al volver a su casa.

La estructura material es parte de la respuesta. Para entender del todo por qué me siento en casa estando afuera, además de mirar la calle tengo que comprender los vínculos entre quienes la habitan.

Contra el encierro, tejer el cuidado

Conocer a quienes habitan una calle no elimina los riesgos, pero cambia la manera en que recorremos el territorio y también cómo lo construimos. En un taller de mapeo de entornos escolares, una familia contó que, antes de que su hijo de diez años empezara a volver solo de la escuela, caminaron juntos por el barrio y eligieron un comercio de referencia por cuadra. Entraron, se presentaron y establecieron un acuerdo con quienes atendían esos negocios. Aprender el camino fue también aprender con quiénes podía contar a lo largo del recorrido.

La experiencia muestra que el cuidado no depende únicamente de las condiciones materiales de una calle ni de las decisiones individuales de quienes la transitan. También se construye a partir de relaciones de confianza, reconocimiento y responsabilidad compartida.

Sin embargo, vivimos en un clima de época atravesado por el aislamiento y las respuestas individuales a problemas colectivos, una tendencia que la pandemia y sus consecuencias contribuyeron a profundizar. Frente a la inseguridad, muchas de las soluciones que se ofrecen pasan por encerrarse bajo llave, mirar el mundo a través de una pantalla o reducir al mínimo la necesidad de salir y encontrarse con otras personas.

En ese repliegue, la vida en común se va debilitando. Empezamos a creer que el cuidado es una mercancía que se paga o una carga que las mujeres tienen que resolver puertas adentro y en soledad. Olvidamos que el cuidado también es un vínculo social activo que se teje día a día y se sostiene en el territorio.

Esto no significa que las redes comunitarias puedan reemplazar las responsabilidades del Estado ni resolver por sí solas los problemas de inseguridad. Significa reconocer que las relaciones entre quienes comparten un territorio también forman parte de las condiciones que permiten habitarlo con libertad.

Cartografía contrahegemónica

En la escuela aprendimos a leer los mapas como representaciones objetivas del espacio, herramientas técnicas que sirven para ubicar lugares, trazar recorridos y delimitar fronteras. Sin embargo, los mapas no son neutrales. Detrás de cada representación existen decisiones sobre qué mostrar, qué dejar afuera y qué información considerar relevante.

El territorio no es solamente una superficie sobre la que se distribuyen calles, edificios y espacios verdes. Es también una construcción social atravesada por relaciones de poder, conflictos, memorias y experiencias. Los mapas representan esa realidad, pero también pueden intervenir sobre ella.

Por eso, cuando las organizaciones sociales reconocen que poseen conocimientos valiosos sobre los lugares que habitan, la cartografía puede convertirse en una herramienta contrahegemónica. Ya no se trata únicamente de representar el territorio desde una mirada técnica o institucional, sino de incorporar las experiencias de quienes lo recorren, lo utilizan y lo transforman cotidianamente.

El geógrafo francés Yves Lacoste contribuyó a cuestionar la supuesta neutralidad del conocimiento geográfico y a destacar su dimensión política. Pensar el espacio también significa comprender las relaciones de poder que lo organizan y las posibilidades de intervenir sobre ellas.

Los mapeos participativos permiten llevar esa perspectiva a la práctica. Son instancias donde nos sentamos con vecinos, vecinas, infancias y organizaciones a poner el cuerpo, la memoria y el territorio sobre el papel, transformando vivencias personales en un diagnóstico compartido.

Cuando niñas, niños y personas adultas marcan en un mapa dónde se sienten protegidos, qué esquinas evitan o qué lugares necesitan para jugar, transforman la advertencia doméstica y el miedo individual en una voz compartida. Dejan de ser meros observadores para reclamar, en común, cómo quieren habitar su territorio.

En la Cooperativa Geográfica Cambalache buscamos dar un paso más, cruzar esos relatos y dibujos con el rigor de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Digitalizamos esas capas de experiencia para que los conocimientos construidos por las comunidades puedan dialogar con la información oficial, técnica e institucional.

Un recorrido escolar que las estadísticas consideran accesible puede presentar obstáculos que solamente conocen quienes lo transitan todos los días. Una plaza puede aparecer como espacio verde en los registros públicos y, sin embargo, ser percibida como un lugar inseguro por las familias del barrio. Una esquina puede parecer irrelevante en un plano y constituir un punto fundamental de encuentro y cuidado para sus habitantes.

Incorporar esos conocimientos permite construir diagnósticos más completos y fundamentar reclamos sobre las condiciones del espacio público. El mapa deja de ser exclusivamente un instrumento de representación o control ajeno y puede convertirse en una herramienta de organización comunitaria, un documento que evidencia problemáticas, identifica recursos y pone coordenadas a las demandas colectivas. Conocer el territorio propio, producir información y compartirla es también una forma de defenderlo.

Frente al desencanto y el abandono. Nuestro derecho a la ciudad

Cuando el Estado deja de garantizar derechos y de sostener políticas públicas integrales, el espacio público no queda simplemente vacío. Las condiciones de abandono y desigualdad pueden favorecer la expansión de distintas formas de violencia y control territorial.

En muchos barrios, las organizaciones criminales aprovechan esas condiciones para imponer reglas, controlar actividades económicas, restringir la circulación de las personas y establecer mecanismos de intimidación. A veces, ese dominio se expresa mediante formas de violencia visibles. Otras, a través de amenazas, silencios y límites que los habitantes aprenden a reconocer sin necesidad de que estén escritos en ninguna parte.

Pero la criminalidad organizada no crece únicamente donde el Estado está ausente. También puede desarrollarse mediante relaciones de corrupción, complicidad institucional y vínculos con actores económicos que facilitan sus actividades. Por eso, recuperar la capacidad de las comunidades para habitar sus territorios requiere mucho más que aumentar la presencia policial.

La apropiación criminal del espacio público afecta la vida cotidiana de quienes lo habitan. Una calle puede seguir teniendo comercios abiertos, personas circulando y vecinos que se conocen, pero las relaciones que antes favorecían el encuentro también pueden quedar atravesadas por el miedo y la vigilancia impuesta por otros actores. La presencia de personas, por sí sola, no garantiza la seguridad. Importa también quién establece las reglas, quién puede circular libremente y quién tiene la capacidad de decidir sobre el uso del espacio.

Existe, además, otro proceso de repliegue, menos visible pero igualmente significativo: el de una ciudad planificada cada vez más en función de la especulación inmobiliaria, la circulación veloz y la rentabilidad económica, donde los espacios de encuentro pierden terreno frente a las necesidades del mercado.

En ambos casos, aunque mediante mecanismos diferentes, se restringen las posibilidades de apropiación colectiva del espacio urbano.

Silvia Federici, en sus reflexiones sobre la construcción de los bienes comunes y la necesidad de reencantar el mundo, propone recuperar formas de organización social que permitan enfrentar la mercantilización de la vida y reconstruir los vínculos comunitarios. Desde esa perspectiva, el cuidado no puede reducirse a una responsabilidad individual ni a un servicio que se compra y se vende, también requiere espacios, recursos y relaciones que se sostienen colectivamente.

Frente a la inseguridad, las respuestas estatales suelen concentrarse en aumentar la vigilancia, incorporar cámaras o desplegar más fuerzas policiales. Estas intervenciones pueden cumplir funciones específicas de prevención y protección, pero resultan insuficientes cuando no están acompañadas por políticas capaces de transformar las condiciones sociales y urbanas que favorecen la violencia y la exclusión.

La seguridad no se construye solamente mediante el control del territorio, sino también garantizando que sus habitantes puedan ejercer sus derechos sobre él. Esto exige un Estado presente, capaz de investigar y enfrentar las actividades criminales, pero también de garantizar infraestructura básica, espacios públicos accesibles, servicios, oportunidades y condiciones para el desarrollo de la vida comunitaria. No se trata de elegir entre seguridad y cuidado. Se trata de comprender que una política de seguridad que ignore las relaciones sociales y las condiciones materiales de los territorios difícilmente pueda ofrecer respuestas sostenibles.

Ejercer el derecho a la ciudad, formulado originalmente por Henri Lefebvre y desarrollado posteriormente por David Harvey, implica mucho más que acceder individualmente a los recursos que ofrece la vida urbana. Supone reconocer la capacidad colectiva de quienes habitan una ciudad para intervenir en su organización y transformarla. Ese derecho exige decisiones políticas concretas.

El diseño urbano debe contemplar la diversidad de las personas que habitan el territorio. Las calles no pueden reducirse a corredores de tránsito; también deben ofrecer espacios de permanencia, encuentro y socialización. A veces, esto comienza con algo tan elemental como colocar bancos en una vereda, garantizar una iluminación adecuada o construir recorridos accesibles.

También es necesario reconocer y fortalecer las redes comunitarias existentes. Los corredores escolares, los comercios de referencia y las organizaciones barriales pueden formar parte de políticas públicas que promuevan el cuidado colectivo, sin trasladar a las comunidades responsabilidades que corresponden al Estado.

Finalmente, la participación de quienes habitan los territorios debe dejar de ser una instancia meramente consultiva. Las infancias, las mujeres, las diversidades y la ciudadanía en general necesitan contar con canales efectivos para intervenir en el diagnóstico, la planificación y la transformación de sus barrios.

Quienes recorren cotidianamente una ciudad conocen problemas, necesidades y posibilidades que muchas veces no aparecen en los registros técnicos. Incorporar esos saberes no significa renunciar al conocimiento especializado, sino reconocer que la planificación urbana puede enriquecerse cuando se construye de manera colectiva. 

Tenemos que hacer correr la voz de que tenemos derecho a la ciudad. Un derecho que no se agota en utilizar sus calles, plazas y servicios, sino que incluye la posibilidad de decidir cómo queremos vivir en ella. Se trata de volver a mirar la calle no solamente como una amenaza de la que debemos protegernos, sino como un territorio común donde podemos encontrarnos, cuidarnos y organizarnos para transformar nuestras condiciones de vida.

Cuando vuelvo del trabajo, cruzo otra vez la avenida y recorro esas dos cuadras. Ya no son solo el camino de la mañana, también son una pequeña medida de la ciudad que quiero.

No porque allí no haya riesgos, ni porque los vínculos alcancen para resolverlo todo, sino porque en esas veredas aparece la posibilidad de encontrarnos y cuidarnos.

Tal vez la tribu de mi calle no necesita escribirlo en una pared, lo deja escrito, día tras día, en los saludos, en las puertas que se abren y en los lugares donde podemos quedarnos.