El valor de lo que no se vende
Vender un bien confiscado permite recuperar dinero. Conservarlo y devolverlo a la sociedad puede significar algo mucho más difícil: recuperar territorio, reconstruir comunidades y transformar en valor público aquello que alguna vez fue una fuente de poder criminal.
El 21 de julio de 1711, en la fundición de Johann Achamer, en Viena, está a punto de concluir una operación iniciada meses antes, cuando el emperador José I había encargado al fundidor la realización de una gran campana para la catedral de San Esteban, utilizando el bronce de los cañones capturados al ejército otomano. Las armas son fundidas, los tubos, las decoraciones y las inscripciones desaparecen, y el metal adquiere la forma de la Pummerin. El bronce de los cañones que habían asediado Viena es elevado así por encima de sus tejados y comienza a marcar el paso del tiempo, convertido en la voz de la ciudad que aquellas armas habían contribuido a conquistar.
La historia de la Pummerin no constituye un caso aislado. El bronce también podía recorrer el camino inverso. Durante la Revolución francesa fueron requisadas miles de campanas, incluidas las de Notre-Dame, que terminaron en las fundiciones para alimentar la producción de artillería. Más de un siglo después, la Primera Guerra Mundial impuso la misma transformación en miles de ciudades europeas. En 1917, Karl Munzinger, decano protestante de Kusel, comparó la retirada de las campanas de las iglesias alemanas con la inversión de la imagen bíblica de las espadas transformadas en arados.
Terminado el conflicto, la transformación volvió a invertirse. El 30 de octubre de 1924, los cañones de los ejércitos que habían combatido entre sí fueron fundidos juntos en Trento, Italia, borrando en el bronce la distinción entre vencedores y vencidos. Así nació Maria Dolens, la Campana de los Caídos de Rovereto, que todavía hoy recuerda con sus tañidos a quienes murieron en todos los países involucrados en la guerra.
Durante siglos, en Europa, campanas y cañones compartieron una historia material sorprendentemente entrelazada. El bronce podía transformarse varias veces, pasando de ser un instrumento de guerra a convertirse en un objeto destinado a la vida civil, o recorriendo el camino inverso conforme se sucedían los conflictos y los períodos de paz. La materia seguía siendo la misma, mientras cambiaban radicalmente su función y el significado que adquiría para la sociedad. La cuestión de fondo no era solamente quién poseía aquel bronce, sino qué se decidía hacer con él.
De manera análoga, hoy los Estados deben decidir el destino de bienes que han sido arrebatados a un poder. Ya no se trata de cañones utilizados para la guerra, sino de villas, terrenos, empresas, hoteles, apartamentos y complejos inmobiliarios enteros incautados y confiscados a mafias, cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales. En las últimas décadas, el fortalecimiento progresivo de los instrumentos para atacar los patrimonios criminales ha multiplicado el número y el valor de estos bienes, haciendo cada vez más evidente un problema que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano. Una vez arrebatados a las organizaciones que los poseían, ¿qué hacer con ellos?
En un número creciente de países, sobre todo en América Latina, la respuesta es la venta. La subasta pública permite convertir rápidamente en dinero un patrimonio difícil y costoso de administrar y, especialmente cuando aumenta el número de bienes que deben gestionarse, puede parecer la solución más sencilla y pragmática.
Los datos recientes muestran la magnitud que ha adquirido esta orientación. Por citar solo dos casos de la región, en Brasil, en 2025, el Ministerio de Justicia realizó 502 subastas en las que se enajenaron más de 10.990 bienes. Ese mismo año, la venta de 51 inmuebles vinculados al narcotráfico generó más de 104 millones de reales. En México, una primera subasta electrónica organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado generó ventas por casi 41 millones de pesos, mientras que una posterior adjudicó 7.356 bienes por casi 24 millones.
Sin embargo, antes incluso de determinar cuánto valen esos bienes y cuánto podría obtenerse con su venta, queda una decisión por tomar. Una villa, un terreno o una empresa confiscados ya no son lo que eran antes: se ha roto el vínculo con el poder criminal que los poseía y utilizaba. Como el bronce al salir de la fundición, pueden adquirir una nueva forma y una nueva función. Pero decidir cuál no es solamente una cuestión de administración patrimonial.
En muchos países, una parte de los recursos obtenidos mediante la venta de bienes confiscados contribuye a financiar políticas de seguridad y justicia, programas de prevención o intervenciones de desarrollo social. Ese beneficio, sin embargo, no basta para convertir la venta en la opción preferible. La monetización simplifica la administración del patrimonio y permite al Estado reducir rápidamente los costos de su gestión, pero también puede acarrear consecuencias que rara vez aparecen en evaluaciones concentradas exclusivamente en los beneficios inmediatos de la venta.
El primer límite es económico. Los bienes confiscados no son bienes cualesquiera y su procedencia puede condicionar fuertemente la disposición a comprarlos, sobre todo en territorios donde las organizaciones criminales continúan ejerciendo una influencia significativa. Si hay pocos compradores, desaparece precisamente el mecanismo competitivo que debería permitir que una subasta se aproxime al valor real del bien. Existe, por tanto, el riesgo de que patrimonios de gran valor sean enajenados por precios muy inferiores a los del mercado.
Podría argumentarse que, incluso en esos casos, cualquier ingreso representa una ganancia para el Estado, puesto que no tuvo que comprar el bien. Pero la confiscación tampoco es una operación sin costo. Antes de que un patrimonio pase definitivamente a disposición del Estado son necesarias investigaciones patrimoniales, procesos judiciales, incautaciones y, con frecuencia, años de administración. Todo ello requiere el trabajo de investigadores, magistrados y funcionarios, además del empleo de cuantiosos recursos públicos. En el caso de los inmuebles, la venta supone también renunciar definitivamente a un patrimonio que puede conservar o aumentar su valor con el tiempo.
Existe, además, un problema todavía más delicado: determinar quién se encuentra realmente detrás de una oferta. La identidad formal del comprador no coincide necesariamente con la del beneficiario final, y la participación de testaferros, intermediarios o sociedades puede dificultar la detección de vínculos con las personas a quienes se había arrebatado el patrimonio. Igual de complejo puede resultar reconstruir el origen del dinero utilizado para adquirirlo.
El caso del narcotraficante gallego Sito Miñanco muestra hasta qué punto este riesgo es concreto. En 2024, durante el juicio de la operación Mito, un agente de policía relató el contenido de varias conversaciones interceptadas en las que Miñanco disponía que sus colaboradores estuvieran preparados para comprar en subasta el astillero O Facho y otros inmuebles vinculados a su patrimonio.
Si una operación de este tipo prospera, se produce una paradoja. El Estado puede emplear años y cuantiosos recursos para localizar un patrimonio, incautarlo, obtener su confiscación definitiva y administrarlo, para luego correr el riesgo de devolverlo al mismo entorno criminal mediante una transacción perfectamente legal. Si, además, la compra se financia con capitales de origen ilícito que los controles no logran detectar, la subasta puede ofrecer incluso la oportunidad de transformar dinero criminal en un bien acompañado de un título de propiedad plenamente legítimo.
Conservar la propiedad pública reduce ese riesgo y permite al Estado mantener el control sobre el destino del bien. La cuestión adquiere todavía mayor importancia en los territorios donde las organizaciones criminales conservan una capacidad significativa de intimidación. Un particular que compra un inmueble puede verse sometido a presiones para cederlo o devolverlo. Un bien que permanece en manos del Estado y se asigna a una entidad pública, una comunidad o una organización social, en cambio, cuenta con una protección institucional mucho más sólida.
Pero lo que se pierde con la venta no se limita al valor económico del patrimonio ni a la capacidad del Estado de mantener el control sobre él. También desaparece la posibilidad de utilizar aquello que fue arrebatado a la criminalidad como un instrumento para reparar, al menos en parte, el daño que esa misma criminalidad causó.
La criminalidad organizada no produce únicamente víctimas directas. Su presencia empobrece los territorios, altera la economía, limita la libertad de las personas, condiciona las instituciones y priva a las comunidades de recursos y oportunidades. Es un daño difuso, difícil de medir y todavía más difícil de reparar, pero que no puede quedar fuera de las responsabilidades del Estado.
Destinar un bien confiscado a un uso social y colectivo ofrece una herramienta concreta para enfrentar ese daño. Las propiedades que contribuyeron a construir y hacer visible el poder de una organización criminal pueden seguir generando valor para las comunidades perjudicadas por ese poder. Pueden convertirse en espacios de educación y cultura, servicios públicos, centros sociales, cooperativas, lugares de encuentro o actividades capaces de crear empleo y desarrollo local.
Naturalmente, el dinero obtenido mediante la venta también puede financiar políticas sociales y contribuir a la prevención. Pero existe una diferencia sustancial entre utilizar esos ingresos para financiar una política de prevención y convertir el propio bien confiscado en un instrumento de prevención.
En el primer caso, el patrimonio se transforma en un ingreso que se agota a medida que se utiliza. En el segundo, permanece en el territorio y puede seguir generando servicios, trabajo, participación y oportunidades. El uso social, por tanto, no se limita a financiar una estrategia contra la criminalidad organizada: se convierte él mismo en parte de esa estrategia, con un impacto que puede consolidarse y crecer con el tiempo.
Esta diferencia adquiere todavía más importancia cuando los recursos obtenidos mediante la venta son destinados a políticas de lucha contra el crimen predominantemente represivas. La represión puede ser necesaria, pero por sí sola no modifica las condiciones sociales y territoriales que favorecen el arraigo de la criminalidad organizada.
Para una comunidad que conoce la historia de un inmueble confiscado, comprobar que ese bien continúa existiendo, pero con una función opuesta a la que tuvo bajo el poder criminal, hace tangible la capacidad del Estado y de la sociedad para transformar aquello que les fue arrebatado.
Es esta transformación la que confiere al uso social un valor político, simbólico y educativo. La confiscación demuestra que una organización criminal puede perder las riquezas acumuladas y el control que ejercía a través de ellas. El uso social muestra que esas mismas riquezas pueden ponerse al servicio de las personas y de los territorios que aquel poder había empobrecido o condicionado.
La propiedad continúa siendo pública, el bien conserva su valor económico y el Estado mantiene la posibilidad de controlar su destino. De este modo, aquello que había sido sustraído a la comunidad vuelve a generar valor para ella, en una forma de restitución que no borra la historia del bien, sino que transforma su significado.
Sobre esta idea, Italia ha construido, a lo largo de los últimos treinta años, una experiencia difícilmente comparable por su escala y duración con las desarrolladas hasta ahora en otros países. En 1995, la campaña promovida por la asociación Libera reunió más de un millón de firmas para pedir que los patrimonios arrebatados a las mafias fueran devueltos a la sociedad. Al año siguiente, la Ley 109 hizo posible el uso público y social de los bienes confiscados. Tres décadas después, 1.332 organizaciones sociales gestionan bienes confiscados en 448 municipios y 19 regiones italianas.
La experiencia italiana muestra que el destino de un patrimonio confiscado puede ser algo más que la fase final de un procedimiento patrimonial. Puede convertirse en parte de la propia estrategia contra la criminalidad organizada, sumando a la represión instrumentos de prevención, reparación y reconstrucción territorial.
En el fondo, es la misma idea que muestra la historia del bronce narrada al comienzo. No se trata únicamente de arrebatarle a un poder los instrumentos que había utilizado, sino de decidir qué nueva función darles.
Sin embargo, reutilizar socialmente un patrimonio no es el camino más sencillo. Conservar y recuperar un bien requiere más tiempo y mayores capacidades administrativas que venderlo. Los inmuebles pueden llegar a la confiscación en malas condiciones, presentar irregularidades urbanísticas, estar ocupados o requerir inversiones considerables antes de poder ser utilizados. Las organizaciones que los reciben tampoco siempre disponen de los recursos económicos y técnicos necesarios. Y en los territorios donde se concentra un número especialmente elevado de confiscaciones, puede resultar difícil encontrar un destino adecuado para cada inmueble.
Estas dificultades explican por qué la venta puede parecer una solución atractiva. Convierte rápidamente un patrimonio complejo de administrar en dinero, libera al Estado de parte de los costos de su gestión y permite contabilizar de inmediato el resultado obtenido. El uso social, en cambio, exige políticas públicas capaces de acompañar el bien desde la confiscación hasta su nueva función, apoyar a las entidades que lo reciben y proporcionar los recursos necesarios para recuperarlo y mantenerlo a lo largo del tiempo.
La elección entre vender y reutilizar no debería presentarse, sin embargo, como una contraposición entre eficiencia e ineficiencia. La venta puede ser necesaria para determinadas categorías de bienes y en circunstancias en las que no existan alternativas realistas. También en el sistema italiano sigue siendo una posibilidad, aunque residual, cuando un inmueble no puede destinarse a fines públicos o sociales o cuando es necesario proteger derechos reconocidos a terceros de buena fe.
El problema aparece cuando lo que debería ser uno de los instrumentos disponibles se convierte en la respuesta predominante frente al crecimiento de los patrimonios confiscados. Si el aumento del número de bienes se afronta principalmente acelerando su venta, el Estado pierde patrimonio público, reduce su capacidad de controlar su destino futuro y renuncia a utilizarlo directamente para reparar parte del daño causado por la criminalidad organizada en los territorios.
El desafío, por tanto, no debería consistir en encontrar la manera más rápida de desprenderse de los bienes confiscados, sino en construir instituciones capaces de administrarlos, recuperarlos y devolverlos a la comunidad. El destino de un patrimonio no es el último problema que debe resolverse después de una confiscación. Forma parte de la estrategia mediante la cual el Estado combate el poder criminal y busca reconstruir aquello que ese poder ha dañado.
Hace tres siglos, en la fundición de Viena, el bronce de los cañones otomanos no perdió su valor cuando dejó de ser un arma. Más de dos siglos después, en Trento, las piezas de artillería de la Primera Guerra Mundial tampoco tuvieron que ser vendidas para volver a ser útiles. En ambos casos, alguien decidió que aquella materia podía seguir existiendo, pero con una función y un significado diferentes.
La misma pregunta deberíamos hacernos hoy ante los bienes arrebatados a la criminalidad organizada. No solamente cuánto valen ni cuánto podemos obtener al venderlos, sino en qué pueden convertirse.
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