Es la economía, estúpido: fentanilo, drogas y acumulación

La epidemia de opioides no puede entenderse desde la medicina ni desde la moral. Es un fenómeno económico que atraviesa mercados legales e ilegales, industrias farmacéuticas y organizaciones criminales. El fentanilo permitió reducir costos, ampliar la oferta y masificar el consumo. Cuando el dolor se vuelve negocio, la dependencia deja de ser un problema y pasa a ser una oportunidad.

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El fentanilo es una de las drogas analgésicas y anestésicas más utilizadas en todo el mundo. Esta droga, derivada del opio, fue desarrollada por la compañía farmacéutica belga Janssen Company en 1960 y comenzó a utilizarse tres años después en casi toda Europa. Al ser uno de los opioides más potentes en pacientes humanos, médicos y científicos comenzaron a experimentar con el fentanilo y lo aplicaron durante varios años en combinación con otros tipos de drogas.

El objetivo era encontrar un medicamento que provocara una anestesia total superior a todas las existentes hasta ese momento. Paradojas de la química y del dinero. Muchos años después, otras personas —algunas quizá con estudios universitarios— también experimentaron con el fentanilo y otros tipos de drogas.

Como ocurrió con otras drogas derivadas del opio, médicos y legisladores en los Estados Unidos, que conocían la capacidad de generar adicción de este tipo de sustancias, se opusieron en un primer momento al uso del fentanilo, ya que tiene una potencia cien veces superior a la morfina.

Aun así, la empresa Janssen comenzó los procesos para que el fentanilo fuera autorizado en los Estados Unidos y, después de varias negociaciones y algunas concesiones mínimas, logró los apoyos necesarios para obtener dicha autorización.

El fentanilo comenzó a utilizarse en grandes cantidades como anestésico y analgésico en cirugías cardíacas y vasculares, reemplazando a la morfina, que hasta ese momento era uno de los medicamentos más utilizados en ese tipo de intervenciones a nivel mundial.

En poco más de diez años, las ventas de fentanilo se multiplicaron por diez y generaron lo que sucede con cualquier droga que capta rápidamente la atención de médicos y empresarios: la búsqueda de nuevas drogas.

NO ES SOLO EL FENTANILO

En muy poco tiempo de investigación, las farmacéuticas descubrieron los llamados “superfentanilos”: opioides hasta diez mil veces más potentes que el fentanilo, utilizados para anestesiar animales salvajes de gran tamaño, como alces y elefantes. El primero fue el carfentanilo, un opioide empleado para anestesiar elefantes u osos, que en 2022, en el partido de San Martín (Buenos Aires, Argentina), fue utilizado para obtener mayores ganancias en la venta de cocaína y terminó provocando la muerte de al menos veinticuatro personas.

Luego del descubrimiento de los superfentanilos, las farmacéuticas presentaron los parches de fentanilo —los primeros en su tipo— y el fentanilo de aplicación transmucosal, lo que podría describirse como un “chupetín de fentanilo”. Paradojas de las golosinas. El chupetín de fentanilo fue pensado como anestésico prequirúrgico para niños. También se comprobó que el fentanilo, el carfentanilo y otros derivados podían incorporarse a alimentos o esparcirse en el aire y provocar los mismos efectos anestésicos.

Este último desarrollo atrajo la atención de las fuerzas armadas para su posible uso como agente antiterrorista, como ocurrió durante la toma de rehenes en el teatro Dubrovka de Moscú en 2002, cuando las fuerzas de seguridad rusas dispersaron carfentanilo mediante granadas de gas para incapacitar tanto a los terroristas como a los rehenes.

A comienzos de la década de 1970, apenas cinco años después de que se autorizara el uso del fentanilo en los Estados Unidos, las autoridades sanitarias registraron los primeros casos de sobredosis que derivaron en crisis respiratorias graves, apneas y muertes.

El personal médico suele ser el primero en conocer y experimentar con nuevas drogas, pero también es uno de los primeros en consumirlas de forma indebida e ilegal, por tener acceso temprano a ellas.

Durante los años ochenta, con la aparición de nuevos derivados y nuevas formas de administración, las posibilidades de consumo de opioides fuera de cualquier indicación médica se ampliaron y en muy poco tiempo alcanzaron a toda la sociedad.

A mediados de los años noventa surgieron nuevos métodos, y las pastillas y los aerosoles nasales de fentanilo representaron un salto exorbitante tanto para el mercado farmacéutico como para el mercado ilegal de drogas. Para ambos mercados, el fentanilo es una droga barata de producir, de altísima potencia y con enormes márgenes de ganancia, lo que permite experimentar e invertir con la garantía de obtener mayores beneficios.

La preocupación de las autoridades médicas y gubernamentales respecto del consumo indebido de opioides tenía décadas de antigüedad. El consumo de opioides sintéticos —particularmente morfina y heroína— se registraba desde hacía más de cien años, cuando se hicieron notorios los trastornos por dependencia observados en los veteranos de la Guerra Civil estadounidense y de la guerra franco-prusiana. Hasta aquí, la historia parece médica. En realidad, siempre fue económica.

ES LA ECONOMÍA LEGAL, ESTUPIDO

En 1996, la Sociedad Americana del Dolor, filial estadounidense de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, promovió la incorporación del dolor como quinto signo vital al momento de evaluar el funcionamiento físico, detectar enfermedades o monitorear la recuperación. La particularidad de este signo radica en la subjetividad del paciente. A diferencia de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria o la presión arterial —que se miden mediante parámetros objetivos—, el nivel de dolor depende casi exclusivamente de lo que expresa cada paciente.

Si bien el consumo de opioides ha sido sostenido aunque fluctuante a lo largo de la historia, en los años noventa, en medio de la agresiva campaña de la Sociedad Americana del Dolor, comenzó a registrarse una nueva ola de consumo que dio lugar a la última gran epidemia de opioides.

La primera había ocurrido ochenta años antes, también con epicentro en los Estados Unidos, y derivó en la primera ley que intentó regular la producción, comercialización y consumo de opio, coca y sus derivados. La campaña de la Sociedad Americana del Dolor —una organización sin fines de lucro— se lanzó en simultáneo con el anuncio de Purdue Pharma sobre el lanzamiento de OxyContin, un medicamento a base de oxicodona de liberación prolongada.

Presentado como un fármaco con cualidades superiores, la empresa, junto con un ejército de los llamados visitadores médicos, organizó viajes a ciudades paradisíacas, en hoteles de lujo y con todos los gastos pagos, para convencer a médicos de todo el país de recetar OxyContin. Además, realizaron regalos empresariales a quienes emitían mayor cantidad de recetas, mientras que los vendedores cobraban bonificaciones de hasta 80 mil dólares, cuando sus salarios anuales no superaban los 50 mil.

La campaña se masificó a través de publicaciones de alcance global —como la revista Time— y se apoyó en una carta de editores publicada veinte años antes en una revista médica de Massachusetts, en la que se afirmaba que los pacientes hospitalizados no mostraban tendencia a volverse adictos al recibir opioides para el tratamiento del dolor.

Esa breve carta fue citada de manera parcial y tergiversada cientos de veces en publicaciones médicas. Una mentira —o, al menos, una media verdad— repetida más de seiscientas veces terminó convirtiéndose en verdad. Los controles sobre la prescripción de opioides se relajaron y, en menos de cuatro años, las ganancias del medicamento pasaron de 45 millones a 1.000 millones de dólares.

Las alarmas no tardaron en encenderse. Primero lo hicieron los periódicos locales de pequeñas ciudades —donde el Estado suele prestar menos atención— y luego, debido a la magnitud de las muertes, el tema captó la atención de las autoridades y de los medios nacionales. No existen cifras exactas, pero las investigaciones estiman que en veinte años se produjeron alrededor de 500 mil muertes por sobredosis vinculadas al OxyContin.

ES LA MISMA ECONOMÍA, ESTUPIDO

El período identificado como la segunda ola de la epidemia de opioides comenzó en 2010, cuando la demanda de heroína aumentó a raíz del restablecimiento de controles sobre la prescripción de medicamentos como OxyContin y de los bajos precios ofrecidos por los grupos narcotraficantes en México, en particular el Cártel de Sinaloa.

Las muertes por sobredosis de heroína crecieron año tras año a medida que los precios caían en el mercado estadounidense. En 2015, estas muertes superaron a las provocadas por el consumo indebido de medicamentos opioides recetados, alcanzando la cifra catastrófica de 17 mil muertes anuales.

Gran parte de las muertes por sobredosis de heroína se debieron a que los narcotraficantes en México y los Estados Unidos,, al igual que las empresas farmacéuticas, aprovecharon el bajo costo y la elevada potencia del fentanilo e incorporaron esta sustancia a drogas como la heroína. El fentanilo para las drogas es lo que la máquina de vapor fue para la Revolución Industrial: con cantidades mínimas se multiplica la producción, se reducen costos, bajan los precios y se masifica el consumo.

La combinación del bajo costo y la potencia del fentanilo, junto con la caída de los ingresos de los consumidores y la alta demanda de drogas en general —el fentanilo hoy se mezcla con cocaína, metanfetaminas y marihuana— dio lugar a la tercera ola de la epidemia de opioides en los Estados Unidos, aún vigente y cada vez más extendida a nivel global.

En poco tiempo, las muertes por sobredosis de fentanilo duplicaron a las causadas por heroína, medicamentos y otras drogas contaminadas. Desde 2013 en adelante, la situación se agravó año tras año, hasta superar un promedio de 100 mil muertes anuales: el equivalente, en términos de víctimas, a 515 tragedias de Cromañón por año. La frontera entre la economía legal e ilegal no está en los métodos, sino en el estatus jurídico de los actores.

El aumento del consumo de opioides respondió a múltiples estímulos, entre ellos el económico, como ocurre con cualquier producto en el mercado legal o ilegal. Frente a un incremento de la demanda, existen dos respuestas posibles: aumentar los precios si la oferta es limitada, o ampliar la oferta, mantener o reducir los precios y obtener mayores ganancias a partir del volumen de ventas.

Desde los años de la pandemia, la producción de drogas creció de forma ininterrumpida. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estimó que en 2023 se fabricaron 3.708 toneladas de cocaína —casi un 34 % más que en 2022—, mientras que el número de consumidores de opioides sintéticos se mantiene estable entre 60 y 61 millones de personas. Los costos de producción se redujeron, los precios —con excepciones puntuales— se estancaron o descendieron, al igual que los ingresos de los trabajadores en todo el mundo.

La posibilidad de aumentar la oferta y bajar los precios está incrementando el número de consumidores y de personas con trastornos por dependencia a sustancias. Esta situación ejerce una presión creciente sobre los Estados, la sociedad civil y el sistema en su conjunto. Los recursos destinados a enfrentar este fenómeno son escasos y, ante el aumento sostenido de la demanda, resultan cada vez más insuficientes.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN INTEGRAL Y SOBRE TODO, ECONÓMICA

La mayoría de los enfoques actuales son cortoplacistas y se sostienen en programas incoherentes o contradictorios. En los documentos oficiales, estos programas suelen proponer un abordaje integral que incluya acompañamiento médico, psicológico, social y familiar para personas con trastornos por consumo de sustancias. Sin embargo, pese a ser los más mencionados en foros internacionales, programas televisivos o reuniones comunitarias, son también aquellos a los que menos recursos se les asigna.

En muchos casos, este enfoque entra en contradicción con las estrategias promovidas por amplios sectores del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad. Centrados en las consecuencias y no en las causas, el aumento de su influencia política y mediática, sumado a la fragmentación de los fenómenos sociales, vuelve inviable la implementación de programas coherentes, cuyos resultados solo pueden observarse a mediano plazo.

La explosión del fentanilo como materia prima no respondió a cuestiones morales, sino económicas, en el marco de una masificación del consumo dentro de una sociedad con una distribución profundamente desigual de los recursos, que acepta a las personas con los recursos suficientes económicos para integrarse y no por lo que esta escrito en leyes, tratados o constituciones.

Elaborar, sostener y corregir —cuando sea necesario— programas de prevención, recuperación y acompañamiento para personas con trastornos por dependencia es indispensable y eficaz, siempre que estén integrados en proyectos más amplios orientados a garantizar condiciones de vida dignas.

Sin una redistribución real de recursos, sin trabajo, sin acceso a derechos y sin comunidades fortalecidas, cualquier estrategia sanitaria o punitiva seguirá siendo apenas una respuesta tardía a una lógica que ya decidió quiénes sobran. 

Para lograrlo, incluso dentro de este sistema y con el objetivo de transformarlo, la economía de las comunidades y de las personas debe ser reparada. No es solo una necesidad: es una urgencia estructural.