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  • Foto del escritorLucas Manjon

LA DELGADA LINEA ROJA

De organizaciones narcos a organizaciones criminales. El cambio de escenario que está ocurriendo en Rosario como sucedió en Sicilia.
IG: https://www.instagram.com/microdrammi/

La criminalidad organizada es un fenómeno social que se transforma con y por los otros cientos de fenómenos sociales que transcurren en el devenir de la historia. En el siglo XXI, el crimen organizado en particular se transformó en uno de los desafíos más importantes para la sociedad mundial. La preocupación que genera este fenómeno se manifiesta en los diferentes tratados, protocolos y leyes que los organismos internacionales promueven y los gobiernos aplican parcialmente.


Una de las primeras convenciones de la Naciones Unidas de este siglo fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), conocida como Protocolo de Palermo, en mención a la ciudad en donde tuvo lugar la Convención y donde se asienta la organización criminal mafiosa más antigua de la historia -la Cosa Nostra- y que perdió a su último gran -Matteo Messina Denaro- después de mantenerse prófugo por más de 30 años.


El crimen organizado dio un primer gran salto en los años setenta, producto de la liberalización del sistema financiero, el flujo irrestricto de capitales, el exponencial crecimiento en los niveles de desigualdad, la globalización unicultural del supuesto bienestar que proporciona el consumo irrestricto y la tendencia al hedonismo como sistema rector de vida. Todos ellos fueron y son procesos por los cuales la criminalidad organizada no solo se vio modificada sino que también colaboró a transformar.


La Cosa Nostra tiene más de 100 años de historia. El momento espacio temporal de mayor crecimiento para la organización mafiosa se dio cuando el mercado internacional de las drogas creció en Estados Unidos y Europa Occidental, y después el cierre de las refinerías de opio en manos de la mafia corsa. Por los contactos previos que tuvieron con los proveedores de opio en Medio Oriente, el monopolio de la comercialización mayorista de heroína pasó a estar en manos de la Cosa Nostra que proveyó de casi toda la droga de este tipo que se consumió en esas dos regiones.


Las ganancias que la mafia siciliana obtuvo del tráfico de heroína las invirtieron en dos grandes sectores de la economía: la construcción y las finanzas. Respecto al primero de los rubros, la Cosa Nostra obtuvo permisos estatales para edificar inmuebles en cualquier lugar que quisieron de la ciudad de Palermo; en relación a las finanzas, la mafia y los bancos estrecharon vínculos preexistentes y estos últimos, no solo obtuvieron importantes dividendos por blanquear el dinero sucio que recibieron, también lograron “rescatar” penosos balances que los hubieran llevado a la quiebra.


La clase política siciliana y parte de la política nacional, además de incrementar su nivel de vida con el dinero que recibió de la mafia tuvo en ella una aliada política, inestable pero aliada al fin. La baja participación política debido a la poca confianza que los ciudadanos meridionales tuvieron -y tienen- respecto del Estado Nacional, convirtió a las redes de dependencia clientelar de la Cosa Nostra en una apetitosa porción de votantes para los partidos políticos en tiempos de elecciones. Pero ese desequilibrado acuerdo entre la mafia y algunos sectores del Estado se rompió cuando un grupo de políticos, funcionarios judiciales, periodistas y policías honestos decidieron enfrentar a la Cosa Nostra.


Un grupo especial de jueces y fiscales -el famoso pool antimafia-, después de una serie de investigaciones, logró en 1987 la condena de casi trescientos mafiosos, incluidos los jefes máximos de la organización. Cuando la sentencia llegó, se puso en jaque el pacto entre la mafia y los funcionarios corruptos del Estado. Los niveles de violencia antes de esa sentencia eran altos pero tolerables para los criterios de la mafia, el sector corrupto del Estado y parte de la opinión pública.


El acuerdo entre los funcionarios y la organización mafiosa preveía que los primeros se encargaban de evitar que cualquier institución del Estado interfiriera con las actividades criminales de la Cosa Nostra y la segunda aportaba el dinero, los votos y cualquier solución especial a problemas que los primeros necesitaban resolver por fuera del Estado de derecho. El acuerdo entre la mafia y los funcionarios era tácito. La mafia sabía que el poder de los funcionarios del Estado era superior y que las sugerencias -con tono imperativo- que le realizaban debían ser aceptadas: por ejemplo, si podían o nó cometer un asesinato, si podían o nó participar en un licitación pública.


Pero el constante crecimiento participativo de la Cosa Nostra en el sector de la economía y la cultura de la sociedad siciliana llevó a los líderes de la organización criminal a atacar a los funcionarios que antaño fueron sus aliados. El objetivo fue castigarlos y fundamentalmente reemplazarlos por otros funcionarios que pudieran generar y sostener un nuevo pacto.


ARGENTINA Y EL MERCADO


En Argentina desde hace ya algunos años se han detectado laboratorios para el procesamiento de drogas sintéticas y vegetales. Pero Argentina forma parte de un fenómeno mundial que muta permanentemente en todo el mundo.


La ONUDC y otros organismos multirregionales informaron que se detectaron laboratorios para la producción de drogas -cocaína y drogas sintéticas- en Europa del Este, España, Alemania y los Países Bajos. Estos cambios se sucedieron por el ingenio económico de las organizaciones criminales y por el aprovechamiento de los avances tecnológicos. El ingenio y la tecnología destruyeron conceptos históricamente arraigados sobre países productores y países consumidores.


En el mercado internacional de las drogas, Argentina sigue siendo preponderantemente un país de paso de la cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa y Asía. La debilidad administrativa y operativa de las instituciones gubernamentales, las extensas e interconectadas vías navegables que el país comparte con otros países de la región y que facilitan el traslado de la mercancía en tránsito, junto a una moneda nacional debilitada respecto al dólar norteamericano, transformaron a regiones del país en importantes centros de transbordo del mercado internacional de la cocaína. Pero la casi exclusiva función que las organizaciones criminales internacionales le asignan al país en ese gran mercado no excluye la existencia de un mercado interno nacional.


Los mercados internos de las drogas en todo el mundo se encuentran sujetos al desarrollo económico general de cada uno de los países y de esos países con los otros. Como cualquier sector de la economía, los mercados particulares -legales o ilegales- se encuentran atados al desarrollo o el retroceso de la economía en su conjunto. El mercado argentino es pequeño, el legal y el ilegal, por ese motivo el mercado criminal interior nunca fue apetitoso para las organizaciones criminales internacionales.


El precio de las drogas en Latinoamérica se determina en dólares. Todas las transacciones en el mercado internacional de las drogas -desde los países en donde se fabrican hasta los vendedores mayoristas- se realizan en dólares, pero la venta al por menor se hace en la moneda de mayor circulación interna, en general la moneda nacional.


Al comparar el mercado de las drogas en Argentina con los mercados de Brasil y México se reconoce todavía más que el mercado nacional argentino es mucho más pequeño. No solo por la cantidad de consumidores reales y potenciales en cada uno de ellos, sino también respecto a la diferencia en márgenes de ganancia que en cada uno de ellos se pudiera obtener.


La debilidad del peso argentino respecto al dólar norteamericano no solo tensiona los niveles de ganancia que las organizaciones pueden llegar a obtener, también las obliga a reducir la calidad del producto si es que buscan mantener los márgenes de ganancia previos. Situación sucedida en la llamada “tragedia de puerta ocho”, cuando la cocaína se mezcló con un opiáceo sintético para aumentar las ganancias.


Que el mercado argentino sea pequeño y periódicamente se devalúa, no deja de ser atractivo para las organizaciones dedicadas a la venta de drogas al menudeo en los grandes centros urbanos del país. Durante mucho tiempo, la cocaína que ingresó al país lo hizo desde Bolivia hacía las provincias limítrofes. Pero con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico de origen brasilero, uruguayo y paraguayo, el tránsito de la cocaína se trasladó hacia el este, comenzó a ocupar el río Paraná y lo transmutó en una larga, zigzagueante y serpenteante línea blanca.


La ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario son simbólica, económica y habitacionalmente las dos capitales de la provincia de Santa Fe. La capital oficial -la del norte- y la capital del sur -la popular- son las dos ciudades más habitadas y dinámicas de la provincia. Las dos congregan a casi un millón y medio de habitantes y en ellas se encuentran las instituciones políticas, económicas y judiciales más representativas de la provincia. Ambas ciudades se ubican a orillas de dos largos e interconectados ríos por donde circulan mercancía de todo tipo. Juntas reúnen la mayor parte de las ganancias derivadas de la actividad agropecuaria y entre una ciudad y la otra se asientan 28 puertos privados y estatales.


Si tomamos como referencia a las investigaciones y sentencias judiciales, hasta comienzos del año 2013, las organizaciones dedicadas al narcotráfico minorista en el departamento de Rosario contaron con un acuerdo de coexistencia y desarrollo con parte de la policía provincial, la política y la justicia; también entre las diferentes organizaciones criminales del lugar.


La policía santafesina actuó como órgano de contralor de ese pacto. La policía fue la encargada de mantener los niveles criminales en proporciones aceptables. Pero a diferencia de lo que sucedió en Italia, donde la criminalidad también opinaba, en Rosario solo lo hizo la clase política, judicial y empresarial vinculadas a la criminalidad. Pero todo eso cayó a partir de la detención del entonces jefe de la policía de Santa Fe; los acuerdos se comenzaron a quebrar.


La política ante los hechos judiciales, periodísticos y criminales que se desataron después respondió nombrando y desplazando en periodos muy cortos de tiempo a diferentes funcionarios en la cúpula de la policía santafesina y del Ministerio de Seguridad. El ir y venir de nombres, el despoder interno y externo que se generó, trajo aparejado problemas mayores: los ciudadanos y funcionarios honestos se encontraron desprotegidos y las organizaciones criminales comenzaron a actuar con mayor autonomía, atomizadas y desafiando al poder coludido del Estado que antaño fue su aliado.


Los subalternos de los subalternos del ex comisario desplazado también eran corruptos y también terminaron desplazados. Cada una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se auto percibieron lo suficientemente capacitadas -económica y armamentisticamente- para barrer a sus competidores directos en un mercado que se amplió a cuenta gotas pero que se devaluó como una represa fracturada.


Los asesinatos producidos en Rosario por los enfrentamientos públicos entre las organizaciones criminales, le permitio a la teleaudiencia nacional conocer una serie de apellidos y apodos y que la opinión pública se los llegó a representar como una enorme red filial de genios criminales. Todos esos apellidos que aparentemente lograron sortear los truculentos y complicados procesos de control para las actividades vinculadas a la compra y venta de dólares, casas, autos, barcos. empresas, bonos, inversiones y porcentajes millonarios con dinero del narcotráfico, aparentemente lo hicieron superando niveles de educación básicos o totalmente nulos en cualquier materia de tipo notarial o financiera.


Todos los nombres, apellidos y apodos de los narcotraficantes, sicarios y vigilantes que permearon en la opinión pública lo hicieron con un énfasis superior al de los policías, jueces, fiscales, funcionarios, abogados, empresarios y contadores que también fueron acusados en la mismas investigaciones y que en la mayoría de los casos fueron quienes sí contaron con los recursos académicos y técnicos para ese tipo de operaciones.


Actualmente en Rosario, tal como sucedió en otras ciudades del país en 2013 -Cordoba y Tucuman-, las organizaciones buscan establecer un nuevo pacto sobre los condicionantes de la sangre, las balas y la intimidación pública, fundamentalmente sobre las instituciones del Estado. Las organizaciones criminales no tienen problemas para encontrar funcionarios corruptos, pero necesitan que estos tengan el poder suficiente para ordenar el fenómeno de la cabeza a los pies. La situación actual en el gran Rosario representa una verdadera oportunidad para articular una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para impedir cambios que podrían ser mucho más difíciles de revertir.


Es necesario impedir que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se conviertan en "organizaciones criminales complejas" por y con el poder suficiente de intervenir en una mayor cantidad de aspectos de la sociedad. La situación en Rosario y en muchas regiones citadinas del país es parecida, pero la ruptura del pacto establecido en la ciudad santafecina trae aparejada la posibilidad de impedir el restablecimiento de un acuerdo de coexistencia, control y desarrollo entre las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos del Estado.


En Italia, la Cosa Nostra nunca se propuso ocupar el pleno rol del Estado y mucho menos destruirlo. Las organizaciones criminales son parasitarias, necesitan de un organismo vivo para poder sobrevivir. La mafia siciliana a través de la intimidación pública -asesinatos y amenazas- buscó nuevos y más desarrollados canales de diálogo con los sectores corrompidos y temerosos del Estado italiano. Ante la pérdida del poder institucional de sus antiguos aliados, la mafia decidió iniciar una matanza que obligará a establecer un nuevo pacto, que los tuviera a ellos haciendo negocios y a los sectores corruptos del Estado garantizando el cumplimiento del nuevo contacto.


En Sicilia la lucha contra las organizaciones criminales se mantiene vigente. Al Estado italiano le llevó más de 30 años detener al último perpetrador libre de las grandes matanzas. Fue el trabajo y la memoria lo que sostuvo el compromiso y la voluntad de los funcionarios y ciudadanos organizados en esa lucha.


Funcionarios y ciudadanos trabajaron en conjunto para estatuir leyes y mecanismos que le quitaran los bienes a las organizaciones criminales, para legislar regímenes penitenciarios especiales para impedir que los mafiosos siguieran cometiendo delitos y para crear instituciones dedicadas exclusivamente a perseguir delitos vinculados a la criminalidad organizada.


Quizás el trabajo, la lucha y la memoria al otro lado del Atlántico pueda llegar a servir de guía para hacer frente a un fenómeno social que en Argentina todavía se encuentra en estado embrionario.


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