La economía de la violencia

La violencia no se distribuye de manera uniforme: sigue la estructura del mercado. Entre México y Argentina, esa diferencia revela dos formas de organización dentro de la misma cadena global.

En el narcotráfico, la geografía no explica la violencia: la organiza.

Las montañas verdes, los desiertos naranjas, los barrios grises y los puertos multicolores son una representación cromática del narcotráfico. Una geografía diversa y una arquitectura heterogénea pueden entregar una aproximación superficial -aunque inquietante- sobre el narcotráfico. La diversidad es parte esencial del narcotráfico aunque la violencia atraviesa de manera desigual a todos esos espacios.

El narcotráfico se organiza en una cadena global en la que cada territorio cumple una función: en algunos se producen las materias primas; en otros, las drogas; y en otros circulan hasta llegar a las manos de los consumidores. Esa división responde a la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, sociales y económicas, y las capacidades de respuesta del Estado.

En todo el mundo -sin excepción- hay mercados minoristas de drogas. Ilegales en su gran mayoría. Dependiendo de la capacidad adquisitiva y de la cantidad de droga que se consume, el mercado minorista de drogas puede ser más o menos lucrativo y violento. Los representantes políticos no suelen distinguir nada de esas diferencias. Sea desconocimiento o connivencia, en la opinión pública -y en varias publicaciones académicas- se asimilan espacios y realidades totalmente diferentes. 

En Argentina, esas declaraciones suelen prever un futuro similar al presente mexicano, sobre todo cuando algún hecho sangriento repercute en la prensa nacional. Pero la realidad argentina, sin que eso implique un mérito, está lejos de parecerse a la mexicana.

El punto de inflexión

Hasta los años setenta, la heroína dominaba los barrios obreros de Estados Unidos y gran parte de Europa. La cocaína, en cambio, era la droga de la élite, que circulaba entre los burgueses. A partir de los ochenta, esa frontera se cayó y el consumo de cocaína comenzó a masificarse. Para cubrir la demanda, los narcotraficantes colombianos se asociaron y reorganizaron el sistema productivo de la cocaína. Encontraron nuevas fuentes de abastecimiento, construyeron grandes laboratorios e incorporaron tecnología para reducir los costos y derrumbar el precio mayorista. 

La presión militar de Estados Unidos en el Caribe los obligó a asociarse con organizaciones mexicanas, que hasta entonces solo producían y traficaban marihuana y heroína a Estados Unidos. En México, la mayor parte del narco se organizó en el cártel de Guadalajara y se distribuyeron entre ellos la administración de los territorios, sobre todo para coordinar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.

La desintegración de los dos grandes cárteles colombianos —Medellín y Cali— durante los años noventa y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, abrió una oportunidad al narco mexicano de controlar el flujo de todas las drogas que iban hacia los Estados Unidos, el mercado de las drogas más importante del planeta.

A partir del siglo XXI, el consumo de drogas creció ininterrumpidamente y la cocaína, los opiáceos, la marihuana y las drogas sintéticas comenzaron a compartir las diferentes áreas del mercado. En el caso de México, a los narcos ya no solo les interesaba cruzar cocaína, sino también fabricar los opiáceos y las drogas sintéticas que se demandaba cada vez más. Para ello debían controlar dos grandes espacios: los de producción y los de logística.

Producción, tránsito y escalas

En México se fabrican opiáceos y drogas de diseño, dos de las drogas más demandadas del momento. Además, el país comparte 3.500 kilómetros de frontera seca con el mercado de drogas más grande y lucrativo del mundo. Para las organizaciones criminales controlar la producción de ese tipo de drogas y el tráfico hacia los Estados Unidos es mucho más lucrativo que el mercado minorista mexicano; y por los primeros es que se enfrentan.

En los estados de Guerrero, Michoacán, Durango y Sinaloa se cultiva gran parte del opio utilizado para producir las drogas que se consumen en el mercado norteamericano y por los estados que comparten frontera con los Estados Unidos -como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas-, cruzan las drogas fabricadas en México y la cocaína llegada desde Colombia. El controlar la producción y el transporte de las drogas hasta mercados como el de los Estados Unidos, a los narcotraficantes mexicanos les otorga el poder para determinar los costos, el precio mayorista de las drogas y los márgenes de las ganancias.

En Argentina no hay territorios en los cuales se cultive la materia prima necesaria para fabricar drogas. Tampoco comparte frontera con algún mercado como el de Estados Unidos. Al contrario, países vecinos como Bolivia y Paraguay donde sí se fabrican drogas, Argentina es un mercado medianamente atractivo para los narcotraficantes que lo abastecen. Para las organizaciones criminales en Argentina, lo único posible es controlar partes pequeñas del mercado interno. 

Los centros urbanos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza y sus alrededores -como ocurre en todos los mercados minoristas de drogas-, son los espacios disputados por los narcotraficantes. En esas zonas instalan laboratorios precarios para reducir la calidad de la droga y aumentar la cantidad disponible para la venta minorista que hoy en día se mueve por todo el espacio físico y digital posible. El control de esas pequeñas áreas de los centros urbanos y sus periferias -a veces tan solo unas cuantas cuadras de barrios obreros empobrecidos- es el territorio en disputa de los narcotraficantes en Argentina. Una diferencia sustancial no solo en kilómetros, dinero o capacidad de fuego respecto de México, sino también en la escala de la violencia y en la cantidad de muertos.

La economía de la violencia

La violencia es un bien escaso. Ningún sistema funciona si la violencia se utiliza de manera indiscriminada. Tampoco se despliega si no produce beneficios suficientes. Por eso, entre otras razones, se concentra en determinados territorios. No se distribuye de manera homogénea: responde a las lógicas del mercado.

A partir de la ineptitud y la corrupción de varios gobiernos mexicanos —sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón y su ‘guerra contra las drogas’— la violencia extrema se volvió persistente y visible en la vida pública de México. Esto no solo despertó movimientos nacionales e internacionales de denuncia y solidaridad con las víctimas y sus familiares, también permitió conocer el funcionamiento de las organizaciones criminales tanto en el propio territorio mexicano como en el mercado internacional. 

Entre el 2010 y el 2012, una nueva guerra enfrentó al cártel de Sinaloa con el de los Zetas. Durante ese periodo, en los estados de producción y de logística se cometieron cerca de 60.000 asesinatos, el setenta por ciento de los cometidos en todo el país. Masacres como la de Durango -340 cuerpos enterrados en una fosa común-, o la de San Fernando -72 migrantes secuestrados y asesinados cerca de la frontera con Estados Unidos- poco tienen que ver con lo que ocurre en Argentina. Si bien la tortura y los asesinatos de adolescentes o los vecinos atrapados en tiroteos entre narcotraficantes de vez en cuando conmocionan a la opinión pública, suelen concluir en declaraciones que no se traducen en políticas públicas efectivas. 

La violencia en Argentina no responde al control de territorios productivos o de grandes corredores internacionales, sino a disputas fragmentadas dentro de un mercado periférico, acorde al nivel económico del país y al lugar que ocupa en la cadena. No es menor. Pero responde a otra lógica y la violencia se utiliza para organizar mercados barriales.

Un problema mal entendido

Las políticas públicas en Argentina respecto del narcotráfico resultan innecesariamente fragmentadas, lo cual demuestra la incomprensión de un fenómeno extremadamente complejo y multifacético. Ante la sobreabundancia de diagnósticos imprecisos, las propuestas que surgen de ellos suelen insistir en el agravamiento de las penas para los eslabones más débiles de la cadena y el despliegue excesivo de fuerzas de seguridad —e incluso militares— en zonas de tránsito para el abastecimiento del mercado interno como es la frontera con Bolivia y Paraguay.

La voluntad de asemejar procesos y realidades tan diferentes como las de México y Argentina no solo es una señal de incomprensión, sino que también puede resultar peligrosa. Las diferencias entre México y Argentina son estructurales. Los cambios en México respecto al narcotráfico ocurrieron como respuesta a la transformación de los mercados de drogas más rentables del planeta, entre ellos el de Estados Unidos.

En Argentina, la transformación y el agravamiento del fenómeno no responden a transformaciones en el funcionamiento del mercado internacional de drogas, sino al crecimiento global como fenómeno social y a tres décadas de políticas públicas inconexas e ineficaces. Será responsabilidad de los dirigentes colocar y mantener el tema en la agenda pública y política, llevar a cabo nuevos diagnósticos, y a partir de ellos, implementar políticas públicas que logren detener el negocio del narcotráfico, revertir sus consecuencias y reconstruir el tejido social dañado.

No para impedir que Argentina se convierta en México, sino para enfrentar un fenómeno propio que ya deteriora la vida social y exige respuestas a su medida.