Soberanía y crimen organizado

La ocupación militar ya no es la única forma de erosionar la soberanía. En el siglo XXI, las organizaciones criminales disputan el ejercicio de la autoridad sobre los territorios y obligan a pensar la recuperación del Estado más allá de la seguridad y la asistencia social. 

Soberanía y crimen organizado

A pesar de ser verano, la temperatura en el extremo sur del océano Atlántico es bastante hostil. El viento tajea las mejillas descubiertas y los dedos se tornan rosáceos por el frío. La tecnología es una aliada del ser humano ante esas condiciones extremas durante gran parte del año. Los avances tecnológicos permitieron habitar algunos de los lugares más inhóspitos del planeta e incluso imaginar la conquista de otros mundos.

Pero en el siglo XIX esa tecnología no existía y quienes se trasladaron desde la llanura pampeana hasta las Islas Malvinas encarnaban el coraje de los audaces o la necesidad de los desesperados. Instalados en casas desvencijadas por la ocupación temporaria y los ataques del clima, los gauchos llegaron para cazar lobos marinos, criar vacas, domar caballos y reafirmar la soberanía argentina sobre las islas.

El 2 de enero de 1833, el capitán inglés J. J. Onslow llegó hasta el entonces Puerto Luis —en el noreste de la isla Soledad— al mando de la corbeta HMS Clio y ordenó a los militares argentinos que abandonaran el apostadero. Al día siguiente, el 3 de enero de 1833, los militares argentinos y sus familias embarcaron en la goleta Sarandí y abandonaron las islas.

Ese frío día de verano comenzó la ocupación permanente del territorio argentino por parte de los británicos. A través de la fuerza y con respaldo diplomático de Estados Unidos, militares y colonos británicos —y, más recientemente, extranjeros de todo el mundo— comenzaron a ocupar, controlar y explotar las Islas Malvinas.

Tanto en Malvinas como en Gibraltar o el archipiélago de Chagos —todos ocupados por Gran Bretaña—, el marco jurídico es amplio y concluyente, y en él se reconocen los derechos de Argentina, España y Mauricio, respectivamente. Durante mucho tiempo, la soberanía fue vulnerada mediante la ocupación militar y luego se consolidó a través de la economía y la política.

Pero esa dejó de ser la única forma de perder la soberanía. Sin banderas, declaraciones de anexión o ejércitos regulares a la vista, las organizaciones criminales lograron controlar territorios en distintas regiones del mundo, regular sectores de la economía, infiltrar instituciones y condicionar gran parte de la vida social.

Las nuevas formas de ocupación

El territorio constituye el soporte físico de la soberanía y el Estado debe ejercer un control efectivo sobre él. Sin embargo, el control territorial no garantiza el ejercicio pleno de la soberanía. El control territorial supone que el Estado ejerza las funciones que le son propias, como dictar leyes, hacerlas cumplir, recaudar impuestos, impartir justicia y garantizar la seguridad de quienes habitan ese territorio. Sin control efectivo del territorio, la soberanía se torna declarativa y sin dominio del espacio, su ejercicio está condicionado. 

Existen territorios en distintas regiones del mundo en los cuales la soberanía solo tiene reconocimiento de tipo jurídico. Lugares como las Islas Malvinas, Gibraltar y Chagos son objeto de reclamos soberanos ampliamente reconocidos por el derecho internacional, aunque ese reconocimiento no se traduzca en un control efectivo del territorio.

En todos esos casos, la soberanía fue violada mediante una ocupación militar y se sostiene, entre otras cosas, gracias al respaldo político de las grandes potencias. El derecho legítimo de cada uno de estos Estados podríamos decir que está siendo vulnerado desde arriba, por las instituciones clásicas de Estados con una capacidad militar, económica y diplomática muy superior.

Sin embargo, la vulneración desde arriba —o por superioridad— dejó de ser la única forma de erosionar la soberanía. Con la evolución de las organizaciones criminales, la soberanía de los Estados está siendo vulnerada desde abajo o por infiltración. Las fronteras se mantienen intactas, ningún ejército extranjero impone las leyes y otros Estados no debaten sobre si deben o no reconocer un nuevo gobierno.

Las organizaciones criminales que llegan a controlar territorios, no solo administran la violencia, distorsionan mercados e imponen normas de convivencia. Pasan de ser organizaciones estructuradas más o menos complejas que cometen delitos a imponer su autoridad, una función reservada al Estado.

Las organizaciones criminales con el tiempo consiguen perfeccionar sus mecanismos de coerción y reemplazar la violencia explícita por formas más discretas de control. Comienzan sus actividades ejerciendo la autoridad a través de la violencia, pero las que logran consolidarse en los territorios lo hacen mediante un sistema de autorregulación. En esos casos, la violencia física deja de ser una constante y se transforma en una excepción.

Las muestras sistemáticas  de poder e impunidad junto al lujo vulgar que exponen en el territorio físico y sobre todo en el digital se convierten en una fuente inagotable de estímulos para un modelo aspiracional acorde a estos tiempos. Además, la asistencia económica que las organizaciones criminales brindan a ciudadanos excluidos del sistema las transforma en proveedoras de asistencia allí donde el Estado no consigue garantizarla y genera en esos mismos ciudadanos excluidos una disposición a preservar su presencia, a pesar de los altos costos sociales.

La legitimidad que ganan —o se apropian— es aquella que pierden las instituciones del Estado, los empresarios y la sociedad civil que no logran transformar la realidad en la que viven millones de personas.

La soberanía en los barrios trabajadores se erosiona cuando la autorregulación se consolida y las organizaciones criminales no necesitan de la violencia física y explícita para imponer sus normas en el territorio. Cuando este tipo de conducta se automatiza y ya no depende de cuál organización criminal es la que controla el territorio, la soberanía deja de estar exclusivamente en manos del Estado y pasa a ser disputada por organizaciones que se convierten en una autoridad efectiva dentro del territorio.

Gobernar sobre las consecuencias

La pérdida temporal del control territorial no solo implica un riesgo para la vida de quienes habitan el territorio, también limita las posibilidades de que el Estado pueda implementar de manera efectiva algún tipo de política pública capaz de intervenir sobre las causas que favorecen el desarrollo del crimen organizado.

El accionar de las organizaciones criminales genera dos tipos de víctimas. Un primer grupo integrado por las que pueden ser individualizadas, como las de la trata de personas, el trabajo esclavo, el narcotráfico o la explotación sexual —entre otros delitos— y a las cuales podríamos definir como victimas directas.

Para este grupo, los Estados cuentan con programas de escasa originalidad y eficacia orientados a reparar individualmente el daño producido a las víctimas. Se les ofrecen subsidios económicos que no llegan a completar un salario mínimo, capacitaciones orientadas a sectores de baja productividad o con escasas posibilidades de movilidad económica. A su vez, las capacitaciones están cubiertas por un mantra inexorable de filosofía barata que traslada el éxito o el fracaso a la voluntad —o no— de los capacitados, los estropeados del sistema, evitando considerar las condiciones estructurales de quienes fueron víctimas del crimen organizado.

El segundo grupo, las víctimas no pueden identificarse individualmente porque el daño trasciende a las personas y alcanza a la comunidad en su conjunto. Es la comunidad, en este caso, la víctima territorial de las organizaciones criminales y frente a la cual los Estados no suelen tener programas para asistirla como víctima.

Las políticas resultan ser parciales y orientadas a contener las consecuencias pero no a reparar el daño. Los cinematográficos despliegues de las fuerzas de seguridad en los barrios obreros empobrecidos suelen estar acompañados por una serie de programas estatales muchos menos eficaces que los del primer grupo y que no modifican las condiciones territoriales, económicas e institucionales que hicieron posible la expansión del crimen organizado.

La recuperación y reparación de las víctimas individuales es una obligación ética y jurídica de los Estados, pero no alcanza para reparar el daño si la víctima no logra desarrollarse en la comunidad y sobre todo, si el Estado a través de sus instituciones no recupera la autoridad efectiva sobre el territorio y, a partir de ello, transforma las condiciones que hicieron posible la expansión del crimen organizado.

Es con política, no con un tenedor

Ni con invasiones policiales, subsidios habitacionales o talleres de emprendedurismo. Cuando la soberanía del Estado es erosionada desde abajo a través de la infiltración y la captura no solo de las instituciones del Estado sino también de los recursos estratégicos y de la vida comunitaria, la herramienta para recuperarla —o defenderla— es la política.

La violencia que las organizaciones criminales ejercen en los barrios obreros, por lo general, se interrumpe temporalmente cuando en ellos se despliega un gran número de efectivos de las fuerzas federales —incluso de las Fuerzas Armadas— para recuperar el control del territorio.

Pero esa intervención no repercute en la recuperación de la soberanía. A la intempestiva y necesaria —aunque episódica— irrupción de los Ministerios de Seguridad y Justicia en los barrios obreros no le sigue un planificado ingreso de los otros ministerios. La capacidad de interrumpir el circuito criminal es condición necesaria para que el tejido social se reconstruya, pero no suficiente.

Al correcto diagnóstico que hacen los dirigentes políticos respecto de la apropiación y, en algunos casos, la cesión de hecho de funciones que le son propias al Estado —el trabajo, la salud, la educación, la cultura y la justicia— hacia las organizaciones criminales no le siguen políticas públicas orientadas a recuperar plenamente esas responsabilidades.

No alcanza que el Estado vuelva a ocupar el territorio que se abandonó, cedió o perdió. Debe volver a gobernarlo. No alcanza con capacitar para el trabajo si en el territorio no se genera el trabajo. No se trata de construir hospitales sin profesionales, medicamentos ni capacidad para atender a quienes los necesitan, ni de sostener escuelas que funcionan como comedores pero no como centros de desarrollo humano e intelectual. Un territorio puede estar rebosando de policías, oficinas y funcionarios, sin embargo, ser las organizaciones criminales quienes dictan las reglas.

El cemento de los edificios, el pasto de las plazas y el pavimento de las calles son urgentes, pero deben llegar con el resto del Estado. Debe llegar con política, para recuperar la autoridad y restablecer la soberanía.