Gobernanza criminal y neoliberalismo desregulatorio

Más de 100 millones de personas en América Latina viven bajo esquemas de gobernanza criminal. En el conurbano bonaerense, la disputa territorial entre bandas ya no se dirime solo con pistolas: el uso de ametralladoras tumberas muestran una nueva dimensión de la violencia criminal en San Martín.

Gobernanza criminal y neoliberalismo desregulatorio

La gobernanza criminal es el concepto que describe cómo las organizaciones ilegales llegan a ejercer funciones de gobierno, creando un orden social paralelo que reemplaza, complementa o compite con el Estado. No se trata de un simple incremento del delito, sino de la construcción de soberanías paralelas: los grupos criminales establecen las reglas del juego en los territorios que controlan, proveen seguridad o garantizan determinados bienes y servicios allí donde el Estado no llega.

El fenómeno

El fenómeno ha alcanzado dimensiones continentales. Un informe de IDEA Internacional y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile sostiene que actualmente más de 100 millones de personas en América Latina viven bajo algún tipo de esquema de gobernanza criminal, lo que impacta directamente en la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones y la calidad de la democracia. La dimensión de la violencia también resulta elocuente: según un análisis publicado por Prosegur Research, al menos 108.838 personas fueron asesinadas durante 2025, con una tasa cercana a los 17,6 homicidios cada 100.000 habitantes.

Por su parte, el informe Organized Crime and Violence in Latin America and the Caribbean, publicado por el Banco Mundial en 2025, señala que América Latina y el Caribe se caracteriza por registrar la tasa promedio de homicidios más alta del mundo y concentrar aproximadamente un tercio de los homicidios globales, pese a representar solo el 9% de la población mundial. Todo ello ocurre en una región que, en términos generales, no está atravesada por guerras convencionales.

Las reformas de mercado implementadas en buena parte de América Latina durante la década de los noventa modificaron profundamente las capacidades y funciones de los Estados. La reducción del gasto público, la desregulación de determinados mercados y el repliegue de capacidades estatales en áreas estratégicas generaron, en algunos territorios, condiciones que posteriormente facilitaron la expansión de mercados ilícitos y de actores capaces de disputar el monopolio estatal de la coerción.

La relación entre ambos fenómenos no es, sin embargo, mecánica ni lineal: el crimen organizado responde a múltiples causas y ha demostrado una notable capacidad de adaptación a diferentes contextos políticos y económicos. Pero el debilitamiento de las capacidades estatales sí puede abrir espacios que otros actores están en condiciones de ocupar. En los territorios donde surge la gobernanza criminal, agentes estatales y organizaciones ilegales interactúan de múltiples maneras, dando lugar a esquemas alternativos de regulación caracterizados por relaciones patrimoniales, corrupción, protección y altos niveles de opacidad, que entran en tensión con la concepción weberiana del Estado moderno y con su pretensión de ejercer el monopolio legítimo de la violencia.

El reconocimiento del papel de los programas neoliberales en la transformación de las capacidades estatales no implica que los gobiernos populares o progresistas de América Latina, y particularmente los de Argentina, hayan abordado esta problemática de manera efectiva. Muchas veces ocurrió lo contrario: sus fracasos recurrentes para controlar determinados territorios, combatir las economías criminales y construir políticas de seguridad eficaces contribuyeron a profundizar el vacío de respuestas frente a una problemática cada vez más compleja.

En ese escenario aparecen soluciones del tipo “Bukele”, en las que la derecha radical y sus discursos de orden, autoridad y seguridad comienzan a presentarse como alternativas concretas para sectores de la ciudadanía sometidos cotidianamente a la violencia y al avance del crimen organizado. La ausencia de una narrativa democrática de seguridad y de propuestas innovadoras no hace más que ampliar ese espacio político, permitiendo que las soluciones de la derecha radical se reproduzcan como los únicos imaginarios capaces de recuperar el control territorial.

Argentina y sus conurbanos

En Argentina, el fenómeno adquiere características particulares. El politólogo Benjamin Lessing sostiene que la gobernanza criminal no supone necesariamente la ausencia del Estado, sino que puede desarrollarse dentro de ámbitos más amplios de poder estatal, a través de relaciones de interacción y, en algunos casos, de simbiosis entre agentes estatales y organizaciones criminales. Estas relaciones pueden adoptar formas diversas, desde la protección y la corrupción hasta acuerdos informales de convivencia o cooperación.

En Rosario, por ejemplo, Javier Auyero y Katherine Sobering utilizan el concepto de “Estado ambivalente” para describir territorios donde la acción estatal combina, de manera contradictoria, el cumplimiento de la ley con relaciones clandestinas de protección, connivencia y regulación de las economías ilegales. No se trata, por lo tanto, de un Estado ausente, sino de un Estado cuya presencia puede asumir formas simultáneamente punitivas y permisivas. 

Esta ambivalencia socava la autoridad estatal y profundiza la crisis de legitimidad: ¿las fuerzas de seguridad combaten al crimen organizado o algunos de sus agentes forman parte de las redes que lo protegen? ¿La justicia puede garantizar una respuesta efectiva cuando existen vínculos entre actores estatales y mercados ilegales? Cuando estas fronteras se vuelven difusas, la ciudadanía pierde capacidad para distinguir con claridad entre quienes ejercen funciones estatales y quienes participan de las organizaciones criminales.

El resultado es doblemente grave. Por un lado, se produce un desincentivo a denunciar los delitos cuando la ciudadanía percibe que las instituciones encargadas de prevenirlos, investigarlos y sancionarlos no pueden garantizar una respuesta efectiva. Por otro, se pierde de manera progresiva el control sobre el espacio público compartido: plazas, calles, clubes, escuelas y otros lugares de encuentro y socialización. Esto incorpora una dimensión territorial al fenómeno y permite pensarlo también como una forma de pérdida de soberanía dentro de las propias fronteras.

La socialización comunitaria pierde terreno cuando la acción estatal es ineficiente, intermitente o contradictoria. Y esta pérdida del espacio común no es un efecto menor: debilita las redes sociales que sostienen la vida comunitaria y facilita que otros actores ocupen esos espacios y establezcan allí sus propias reglas. No existen espacios vacíos: aquello que el Estado y la comunidad abandonan puede ser ocupado por el crimen organizado.

La criminalidad contemporánea, además, ya no puede reducirse al narcotráfico ni a las estructuras criminales tradicionales. Se expresa a través de redes flexibles y adaptativas, capaces de intervenir simultáneamente en distintos mercados ilícitos y de combinar actividades como el narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos, los préstamos informales, el comercio ilegal y el control territorial. 

Esta complejidad comienza a hacerse visible en la provincia de Buenos Aires, cuya dinámica criminal tampoco puede analizarse de manera aislada de los vínculos territoriales y económicos que mantiene con Santa Fe. Abordar esta problemática exclusivamente a partir de límites provinciales y municipales resulta insuficiente: las organizaciones criminales articulan sus actividades más allá de las jurisdicciones administrativas y aprovechan precisamente las dificultades de coordinación entre distintos niveles del Estado.

San Martín,  termómetro de una crisis

El partido de San Martín, en el corazón del conurbano bonaerense, se ha convertido en un caso testigo de la expansión de la violencia asociada a los mercados ilegales de drogas. El distrito permite observar, a escala territorial, algunas de las dinámicas que este texto viene describiendo: disputas por el control territorial, circulación de armas, economías criminales, violencia letal y una creciente dificultad del Estado para garantizar el control efectivo del espacio público.

Los números son elocuentes. Según el último informe del Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas en San Martín, entre enero y junio de 2026 se registraron 22 homicidios dolosos y 30 hechos altamente lesivos. Los homicidios aumentaron un 29,4% respecto del primer semestre de 2025, mientras que los hechos altamente lesivos crecieron un 50%.

Del total de hechos relevados, el 46% de las víctimas cuya edad pudo ser registrada tenía entre 16 y 25 años. El 77% de los homicidios y el 80% de los hechos altamente lesivos presentan vinculación con el narcotráfico. Entre estos últimos, además, el 58% de los casos vinculados a los mercados de drogas ilegales estuvo asociado a disputas territoriales.

La violencia no es un fenómeno aislado. En 2025, San Martín ya registraba una de las tasas de homicidios más altas de la provincia: 5,57 cada 100.000 habitantes, frente a un promedio bonaerense de 4,6. En el primer trimestre de 2026, el distrito registró 20 homicidios dolosos, una cifra equivalente al 48,8% de todos los homicidios registrados durante 2025. La tasa trimestral alcanzó los 4,44 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de tres veces el promedio provincial para ese período.

El pasado 7 de agosto, un tiroteo entre dos bandas y policías cerca del centro de San Martín volvió a poner en evidencia una nueva dimensión del conflicto. Los enfrentamientos ya no se dirimen únicamente con armas cortas: en los allanamientos posteriores fueron secuestradas dos ametralladoras tumberas y un cargador con capacidad para 50 proyectiles, elementos que muestran un aumento significativo del volumen de fuego disponible para organizaciones vinculadas al narcomenudeo. El episodio no puede ser leído simplemente como un hecho de delincuencia común: se inscribe en una disputa territorial entre grupos que compiten por el control de mercados ilegales y que comienzan a exhibir una capacidad de fuego cada vez mayor.

En San Martín, la expansión del narcomenudeo encontró en el Área Reconquista un ecosistema necesario para su reproducción, un territorio atravesado por condiciones de vulnerabilidad, segregación urbana y una presencia estatal desigual. Allí, la figura del tranza también se transformó: ya no aparece únicamente como vendedor de drogas, sino que puede asumir funciones de prestamista, proveedor de servicios, intermediario y referente territorial.

Para algunos jóvenes, además, la figura del narco puede representar una vía de acceso no solo a ingresos económicos, sino también a prestigio, reconocimiento y respeto, especialmente allí donde las vías legales de movilidad social aparecen restringidas. Investigaciones realizadas en el propio territorio muestran precisamente cómo estas dimensiones simbólicas se articulan con la expansión de las economías ilegales.

La política de seguridad tradicional tiende a repetirse: más policías, más patrulleros, más operativos. Las mismas respuestas se aplican una y otra vez frente a un fenómeno que, sin embargo, se transforma y adquiere nuevas capacidades. El problema no es que la presencia policial carezca de importancia, sino que una estrategia centrada exclusivamente en la dimensión securitaria resulta insuficiente para enfrentar organizaciones que también disputan territorios, controlan mercados, acumulan capital, corrompen instituciones y construyen formas de autoridad sobre determinados sectores de la sociedad.

Frente a esta realidad, se impone un cambio de enfoque. La propuesta de ley sobre Bienes Restituidos, recientemente presentada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, constituye un ejemplo de cómo ampliar la estrategia contra el crimen organizado más allá de la dimensión estrictamente securitaria.

Si las organizaciones criminales funcionan también como estructuras económicas capaces de acumular, administrar y reinvertir recursos, el Estado debe intervenir sobre esa dimensión: identificar, decomisar y recuperar los bienes vinculados a las economías ilícitas para impedir que esos recursos vuelvan a fortalecer a las propias organizaciones criminales. La persecución penal y policial resulta necesaria, pero sin una estrategia de descapitalización económica, la capacidad de reproducción del crimen organizado permanece prácticamente intacta.

Algunas cuestiones a realizar

• Pensar el territorio por corredores, no por municipios. Las organizaciones criminales no respetan los límites administrativos y articulan sus actividades a través de distintos municipios y provincias. La fragmentación de las jurisdicciones puede ser aprovechada para dificultar la investigación, la persecución penal y la coordinación de las fuerzas de seguridad.

• Desarrollar una política integral de desarme. Reducir la circulación y disponibilidad de armas de fuego en los circuitos criminales es una condición indispensable para disminuir la violencia y recuperar el control territorial. El Estado necesita una política sostenida que combine prevención, control, investigación y reducción de la disponibilidad de armas en manos de organizaciones criminales.

• Fortalecer la prevención y el abordaje del consumo problemático. La expansión del consumo de sustancias requiere una respuesta pública acorde con su dimensión social y sanitaria. La política de seguridad debe incorporar una estrategia de salud pública capaz de reducir los daños asociados al consumo y, al mismo tiempo, disminuir la demanda que sostiene los mercados ilegales. 

• Abordar la economía del crimen. El narcotráfico y las demás actividades criminales organizadas constituyen mercados económicos que generan ingresos, acumulan capital, adquieren bienes, utilizan mecanismos de financiamiento y necesitan incorporar esos recursos al circuito legal. Es necesario incorporar de manera sistemática al Ministerio de Economía, los organismos de inteligencia financiera y las áreas especializadas en investigación patrimonial a la estrategia contra el crimen organizado.

• Construir una política de empleo y movilidad social. El Estado debe ser capaz de ofrecer alternativas concretas frente a los ingresos, las redes de pertenencia y las expectativas de ascenso social que pueden ofrecer las economías criminales. No se trata solamente de crear programas asistenciales, sino de garantizar empleo, formación profesional, capacitación y un ingreso que permita construir un proyecto de vida por fuera de las estructuras criminales.

• Recuperar el espacio público. No existen los espacios vacíos. Cuando plazas, calles, clubes, escuelas y otros lugares de encuentro dejan de ser espacios de uso comunitario, se debilitan las redes sociales que sostienen la vida colectiva y se facilita que otros actores ocupen ese lugar. La recuperación del espacio público debe ser, por lo tanto, una política de seguridad y de reconstrucción comunitaria: iluminación, infraestructura, actividades deportivas y culturales, presencia estatal y participación vecinal deben acompañar a los operativos policiales.

• Abordar la deserción escolar como una emergencia. La permanencia de los jóvenes en el sistema educativo debe convertirse en una prioridad estratégica de las políticas de prevención. No alcanza con sostener la matrícula: es necesario detectar tempranamente las trayectorias de abandono, fortalecer los equipos de acompañamiento y generar mecanismos que permitan recuperar a quienes ya quedaron fuera del sistema. Una política de seguridad de largo plazo también se construye evitando que los jóvenes queden fuera de la escuela y sin perspectivas de futuro.

• Impedir la consolidación de territorios fuera del alcance efectivo del Estado. Ninguna zona puede quedar sometida a un régimen de autoridad criminal en el que las instituciones públicas no puedan ingresar, permanecer y desarrollar sus funciones. No alcanza con recuperar un barrio mediante un operativo: todo el Estado debe permanecer después del operativo y garantizar allí, de manera cotidiana, seguridad, servicios y derechos.

  
  

La agenda pública sobre el crimen organizado debe dejar de ser una preocupación sectorial para convertirse en una verdadera política de Estado. No solo porque la violencia criminal afecta la seguridad cotidiana, sino porque erosiona la calidad democrática, debilita la confianza en las instituciones y condiciona la capacidad de cualquier gobierno para ejercer autoridad sobre el territorio.

La paradoja de la lucha contra el crimen organizado es que buena parte de la dirigencia continúa ofreciendo respuestas conocidas frente a un fenómeno que cambió de escala y de naturaleza. Más policías y más patrulleros pueden ser necesarios, pero no alcanzan para enfrentar organizaciones que también disputan territorios, controlan mercados, acumulan capital, construyen redes de protección y generan formas de autoridad paralela.

Romper con esa lógica implica dejar de pensar el crimen organizado exclusivamente como un problema de seguridad y empezar a abordarlo como un problema de soberanía, economía, territorio y democracia. Mientras el Estado siga respondiendo de manera fragmentada a organizaciones que operan de manera integrada, el conurbano seguirá siendo escenario de una disputa territorial que el Estado no termina de comprender y, por eso mismo, tampoco termina de ganar.