La morgue como laboratorio político

El debate sobre la edad de imputabilidad exige evidencia, sistema y acompañamiento a víctimas, no respuestas urgentes sin capacidad real de aplicación.

El debate sobre la edad de imputabilidad exige evidencia, sistema y acompañamiento a víctimas.

El gobierno nacional argentino envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años, aunque la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, propone llevarla hasta los 12 años. El paquete de medidas que el Poder Ejecutivo remitió al Legislativo se lo conoce como el Nuevo Régimen Penal Juvenil -el vigente tiene 45 años de antigüedad- e incluye una nueva determinación de penas, penas alternativas al proceso y medidas especiales para garantizar la reparación del daño.

Las discusiones respecto al mínimo de edad que debe tener una persona para ser juzgado por sus actos -en un régimen penal ordinario o juvenil- son repetitivas, monótonas y especialmente escasas de modernidad política: baja en la edad de imputabilidad, aumento de las penas y la creación de organismos nuevos encargados de garantizar el cumplimiento de la pena y la reinserción son propuestas que se repiten en todos los debates. 

En todo el mundo este tema suele ser debatido públicamente cada cierta cantidad de tiempo, generalmente cuando se produce algún crimen violento que tiene a un menor de edad como protagonista. La necesidad de discutir un nuevo régimen penal para los menores de edad que cometieron algún tipo de delito penal es algo en lo que parecen estar de acuerdo casi todos los sectores políticos representados en el Congreso Nacional. Pero la conducta política de unos y otros dice mucho más de lo que puede leerse en los proyectos.

La actual oposición que durante varios años obtuvo por votación popular la mayoría en las dos cámaras legislativas, nunca dio lugar a la posibilidad de debatir un nuevo régimen penal para los menores de edad que cometen delitos. Sobre una ley promovida por el dictador Rafael Videla en 1980, se prefirió implementar una serie de programas específicos que dependían exclusivamente de la voluntad y los fondos que el mismo Poder Ejecutivo destinaba.

Aunque también es importante mencionar que en el año 2005 -y sin mayoría en el Congreso de la Nación-, la bancada oficialista logró la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. A través de ella, se amplió en el Estado la mirada y el ámbito de intervención sobre los menores que cometen delitos, pasando desde la práctica policial y judicial como única respuesta desde el Estado, hacia el desarrollo de políticas públicas integrales. Pero no fue suficiente.

¿Cuál fue el resultado de esa política? Uno muy malo. El Régimen Penal de la Minoridad establecido durante la última dictadura cívico - militar, aunque fue condicionado por la sanción de la ley sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2005 -aludiendo al interés superior del niño allí reconocido-, de igual manera siguió depositando a los menores de edad en una nebulosa burocrática que reforzó las condiciones de precariedad preexistente.

El gobierno y los partidos políticos que lo apoyan promueven el debate desde los medios de comunicación apelando de manera inteligente -aunque oportunista- a la sensibilidad de la sociedad y al dolor de las víctimas de delitos cometidos por menores. Frases escasas de razonabilidad y contenido como “delito de adulto, pena de adulto” o “se acabó el garantismo en Argentina”, aglutinan el mensaje sobre el castigo que deben recibir los menores de edad que cometen delitos.

Esta demostración pública de estrechez argumentativa no parece adecuarse con algunos de los artículos en el proyecto enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, en el que se hace mención a organismos del Estado nuevos o reformados para favorecer la reinserción integral de los menores que cometieron delitos y fueron condenados.

En la abrumadora mayoría de los fundamentos de todos los proyectos se hace mención a tres cuestiones: la edad mínima para declarar imputable a un menor en el resto de los países de la región; el interés superior del niño y la necesidad de contar con organismos e instituciones especializadas para tratar a esos niños.

Viejas propuestas que resucitan cuando la morgue ocupa las noticias.

El ejemplo fallido del vecino

Uno de los mecanismos repetidamente utilizados para fundamentar proyectos de ley como los de este tipo es presentar como ejemplo virtuoso lo que se realizó en algún otro país. En el caso de que se trate de algún país de los llamados del primer mundo, el ejemplo se utiliza como un refuerzo positivo; cuando se trata de un país del tercer mundo, el refuerzo pasa a ser por la negativa.

Pero en el caso de Argentina se produce una anomalía. Los proyectos de ley presentados citan a casi todos los países del mundo para argumentar la edad a partir de la cual los menores debieran ser imputados y exponer que en Argentina es a los 16 años, adjudicándose el registro más alto de la región. La comparación con otros países carece de cualquier tipo de fundamento, no solo de forma, sino sobre todo de resultados.

En América Latina la edad promedio se ubica entre los 7 y los 12 años en los países del Caribe y entre los 12 y los 14 años para el resto de América Latina. El límite más bajo comienza en las islas del Caribe, en la mayoría de los territorios de ultramar ingleses o franceses. En México, Ecuador y Brasil, países que registran niveles de criminalidad -simple y compleja- alta, se estableció la edad mínima de imputabilidad a partir de los 12 años. En los países más cercanos en términos geográficos a la Argentina -Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela-, el límite mínimo es de 14 años de edad. 

Estas menciones a las que se hace foco en los proyectos, son elecciones de carácter cuasi místico que no soportan el menor tipo de análisis o del sentido común tan consagrado en la política. La selección de ejemplos se da por una mera cercanía geográfica, de imitación por acto reflejo. 

A nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, la cantidad de menores involucrados sigue siendo alta. Según UNICEF, en América Latina durante el 2024 fueron detenidos más de 34 mil niños y adolescentes. La verdadera gravedad del cuadro surge cuando se reconoce que la cifra más alarmante son los 25 mil menores de edad víctimas de homicidio, superando incluso a la cantidad de muertes por accidentes de tránsito.

En países como México, Ecuador y Brasil, que establecieron la edad mínima de imputabilidad a los 12 años, y Colombia, que lo hizo en los 14 años, son los que registran mayores niveles de participación de menores en delitos de tipo penal y llegan a triplicar a los de la media continental. 

En estos países y en los últimos tiempos -aunque es una tendencia a nivel mundial-, crece la cantidad de menores involucrados en organizaciones criminales complejas dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión. ¿Por qué proponer una medida que en ningún país tuvo algún resultado positivo? En la razón no se encuentra la respuesta. 

El interés superior del niño

La política judicial de cada país no es una isla perdida en el océano. Actores de la política nacional e internacional intervienen en algunos casos de manera descarada en pos de favorecer ciertos intereses. En lo que es una especie de relación tóxica o dañina, la región sufre y promueve la influencia de los Estados Unidos con el objetivo de replicar sus modelos y prácticas políticas en terceros países, aunque estos tengan serias contradicciones con los sistemas nacionales. 

Algunos ejemplos de esto se pueden notar en la defensa pública ejercida por algunos funcionarios del sistema carcelario privado -tal como sucede en los Estados Unidos-, en el impulso por crear nuevas agencias especiales para la lucha contra el delito -símiles a la DEA, FBI, CIA o Homeland Security-, y ocurre lo mismo para el debate sobre la edad mínima de imputabilidad.

Pero la incompatibilidad de transferir modelos cerrados de los Estados Unidos hacia Argentina no solo debiera reconocerse en las diferencias estructurales, sino también en los pésimos resultados alcanzados en los Estados Unidos con las medidas que actualmente se promueven en Argentina. 

Los Estados Unidos cuenta con un sistema de gobierno federativo, lo que implica que cada uno de los estados puede determinar la edad de imputabilidad y, por ejemplo, el estado de la Florida la estableció a partir de los 7 años.. Los datos con los cuales se balbucean argumentos en defensa de las políticas públicas “made in USA”, no debieran ser de gran ayuda. Porque si bien, la cantidad de menores detenidos en ese país cayó durante los últimos años, los delitos violentos y los relacionados a la criminalidad organizada compleja en los que participan menores de edad crecen de manera sostenida.

La caída a nivel nacional se concentró en los delitos contra la propiedad -robos y hurtos- y no logró hacerse extensiva a los delitos más violentos. Estados Unidos mantiene una tasa de homicidios en torno a los 6,7 homicidios por cada 100 mil personas, mientras que en Argentina es de 3,7 por cada 100 mil habitantes. De hecho, Argentina registra una de las tasas más bajas del continente y, además, una de las más bajas en relación a la cantidad de menores de 16 años que cometen delitos penales, a pesar de que la tendencia también está en aumento y sobre todo, la participación en bandas criminales algo complejas.

También debieran contemplarse los tratados y obligaciones a los que Argentina históricamente adhirió y los Estados Unidos no tienen. Argentina tiene obligaciones constitucionales y de carácter internacional que los Estados Unidos no tienen. Por ejemplo, Estados Unidos es el único país en el mundo -Somalia dejó de acompañarlo en 2015- que no ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Si bien, en esa convención no se establece una edad mínima de imputabilidad, en el año 2019, la Observación General Nº 24 de las Naciones Unidas, exhorta a los Estados Parte a elevar la edad mínima de responsabilidad penal a por lo menos 14 años y que países como Argentina, los mantengan en torno a los 16 años. En el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se hace específica mención a la convención, afirmando que el proyecto contempla “los principios rectores, derechos y garantías del régimen de responsabilidad penal juvenil”, aunque nada dice sobre la contradicción de bajar la edad mínima por debajo de lo insistentemente sugerido en esa convención.

La tan proclamada vuelta al mundo parece ser a uno, en este aspecto, particularmente fallido. 

El Estado que va a venir

… pero que siguen destruyendo.

El proyecto que el Gobierno Nacional había consensuado con los bloques afines en el parlamento propone la creación de un sistema penal diferenciado, con sanciones particulares y dispositivos educativos, sociales, sanitarios y de reinserción social nuevos y específicos para los menores de edad que cometieron delitos penales. Pero en el mismo se puede apreciar una declaración de consignas vacías que el gobierno no va a implementar.

La pregunta central en relación a este proyecto, que a su vez genera una enorme desconfianza sobre los auténticos objetivos del mismo es ¿De dónde se van a obtener los fondos para crear un nuevo régimen? Sobre todo porque el gobierno varias veces afirmó que vetaría todas las leyes que no identificaran los recursos para financiarlas.

En el proyecto se hace mención a una serie de medidas que deberán cumplir los menores de edad que reciban una condena de ejecución condicional, es decir que no son privados de su libertad. Medidas que deberán cumplir para que esa condena no se revoque y deba ser cumplida en un establecimiento penitenciario. 

Los institutos que se proponen crear ya existían, pero el gobierno nacional los cerró o los desfinanció considerablemente, como las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. También se despidió a cientos de profesionales especializados en el acompañamiento y tratamiento de personas con adicciones y no se actualizaron los montos de subsidios y becas que reciben instituciones y profesionales dedicados a brindar alojamiento y tratamiento ambulatorio a esas personas, entre muchas otras medidas.

Ahora se propone que un equipo interdisciplinario supervise y evalúe a los menores condenados, que asistan a programas educativos, de formación ciudadana y/o de capacitación laboral, que participen de programas deportivos, recreativos o culturales, que se sometan a tratamiento médico y/o psicológico, que consigan trabajo en un tiempo determinado y que no consuman bebidas alcohólicas o drogas.

A su vez, se propone designar un supervisor especializado a cargo del menor condenado, quien deberá mantener entrevistas semanales, generar informes mensuales y procurar resolver problemas personales que el menor o su entorno podrían llegar a padecer. Parecería ser una paradoja que se promueva un Estado presente, pero en los gobiernos de derecha -como se autodefine el partido gobernante-, el Estado nunca es lo suficientemente grande para aplicar políticas punitivas.

Respecto a los menores de edad que debieran cumplir su condena en un establecimiento penitenciario, el proyecto del gobierno propone que sean ubicados en establecimientos penitenciarios especializados -al día de la fecha no existen y no se pueden traer armados desde China- o en cárceles comunes, pero en sectores separados de los adultos.

La realidad del sistema penitenciario lo vuelve materialmente imposible. Con una sobrepoblación que ronda el 10 por ciento, solo en los establecimientos a cargo del Servicio Penitenciario Federal, deberán amontonarse uno sobre el otro para poder dormir. Las fuerzas del cielo hasta el momento, no superan a las de la física.

Todo indica que el debate que en breve comenzará en el Congreso de la Nación será uno de características paupérrimas, pero se deberá aportar la mayor cantidad de información y sensibilidad posible para intentar acercarlo a buen puerto. El Estado debe castigar a las personas que cometen delitos, sea un mayor de edad o un menor de edad. Pero el Estado debe considerar las consecuencias de tomar medidas que por el momento carecen de razonabilidad.

El actual sistema de justicia, penitenciario y social no cuenta con casi ninguna de las herramientas o espacios con los que el gobierno propone implementar el nuevo régimen. Tampoco propone nuevos mecanismos para acompañar a las víctimas, a pesar de apelar al dolor de los familiares y amigos de las víctimas.

Mario Calabresi es un periodista italiano que en su libro “Salir de la noche” investiga los hechos que rodearon el asesinato de su padre -un policía asesinado por un grupo terrorista de izquierda en los años setenta- y relata las consecuencias que tuvo para su familia. En una parte de su libro, Mario cuenta que a muchos familiares y amigos de las víctimas los colma una sensación de desinterés, desatención e insensibilidad por parte del Estado, que de existir, aplacaría un poco el dolor.