Un nuevo Odebrecht, en polvo y blanco

Desde comienzos del siglo XXI, una serie de crisis globales —terrorismo, migraciones masivas, corrupción sistémica, pandemia y crimen organizado— fue configurando una arquitectura política del miedo y la incompetencia que reordenó las prioridades de los Estados y el sentido común social. Presentadas como emergencias excepcionales, estas agendas habilitaron recortes de derechos, legitimaron intervenciones externas y erosionaron la confianza en la política democrática. Lejos de resolver los problemas que decían combatir, estas respuestas profundizaron la violencia, la desigualdad y la fragmentación social. En América Latina, el avance del narcotráfico y el crimen organizado se inscribe en esa misma lógica y funciona como una nueva justificación para reactivar viejas estrategias de injerencia geopolítica. Sin embargo, este proceso no puede explicarse solo por la presión de actores externos. Los gobiernos progresistas, que prometieron ampliar derechos y fortalecer la soberanía, mostraron serias limitaciones para administrar conflictos complejos nacionales y transnacionales.

La acusación de narcotráfico y la amenaza de invasión son una vieja herramienta geopolítica. (Imagen Diario ABC)

Despues de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, de los supuestos ataques con ántrax durante los meses posteriores y de los ataques varios años despues en casi todos los continentes -excepto Latinoamerica-, la agenda del terrorismo y la seguridad pasó a ocupar la mayor parte de la gestión política, el debate y la paranoía pública y privada durante los siguientes veinte años.

Todo ese tsunami de terror que a partir del 2001 cruzó el meridiano de Greenwich, patrocinó la aprobación de leyes y disposiciones internacionales que favorecieron la intervención militar, económica, política y/o judicial de las potencias occidentales atacadas -y sus aliadas- sobre los países gobernados por dirigentes acusados de connivencia y/o incapacidad para contener a las organizaciones terroristas en sus terruños.

La guerra contra el terror -como oficialmente se la denominó- tiene el suficiente consenso para ser definida como un estrepitoso fracaso. Los objetivos fueron terminar con las organizaciones terroristas, derrocar a los gobiernos cómplices e implantar a la fuerza la democracia; la realidad mostró que no se cumplió ninguno de ellos y que en definitiva, ocurrió todo lo contrario. En veinte años, esa nueva cruzada -como llamó el presidente estadounidense George W. Bush a la guerra contra el terror- provocó la caída de varios regímenes -Afganistán, Irak, Siria y Libia-, la consolidación de otros -Arabía Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar-, la dispersión y atomización de las organizaciones terroristas, la disposición de cientos de miles de armas para la población y las organizaciones terroristas y devolvió a millones de personas -en una especie de sádica máquina del tiempo- a condiciones de vida similares a la de la Edad Media.

El estado de guerra permanente provocó que millones de seres humanos intentaran escapar de sus consecuencias. Varios sectores políticos y mediáticos comenzaron a referirse públicamente sobre esos varios millones de personas desesperadas que siguen intentando cruzar casi a nado el Mediterrano, como miembros de una invasión deshumanizada que intentan pervertir los valores europeos. Frente a esos discursos y la creciente violencia física que comenzaron a sufrir los migrantes y refugiados, la incapacidad de los dirigentes preocupados por integrarlos terminó concediendo más lugar a los defensores de los supuestos valores europeos. La retórica cargada de solidaridad y moral no se reflejó en acciones prácticas y efectivas.

Los migrantes y refugiados provenientes sobre todo de África y Medio Oriente -en menor medida desde Latinoamérica- suelen ser acusados sobre la base de algunos pocos casos, de participar en delitos graves -criminalidad organizada, integridad sexual, vida y propiedad- y menores -disturbios en la vía pública, hurtos y daños. La repetición constante de esas acusaciones en los diferentes medios de comunicación provocó la genuina e inconsciente desconfianza de la sociedad europea nativa y extranjera integrada desde hace varios años sobre los sobrevivientes recién llegados.

CORRUPCIÓN, PANDEMIA Y MULTI “VERSO”

Odebrecht es una empresa brasileña dedicada a la construcción y una de las más grandes en América Latina. A partir del 2009, en medio del brote de gripe A, de la guerra contra el terror en Siria y Afganistán y de la crisis de las hipotecas basura, la empresa comenzó a ser investigada por pagar sobornos millonarios en Brasil. De la investigación reconocida mundialmente como Lava Jato saltaron a la fama mediática y política personajes como el ex juez Moro y el entonces candidato a presidente Jair Bolsonaro.

En el marco de esa investigación se encarceló a varios empresarios, presidentes de Estado, ministros, diputados, senadores y funcionarios de distinto orden en casi todos los países al sur de los Estados Unidos. Algunos de esos funcionarios y empresarios reconocieron ser corruptos ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos, que aparentemente comenzaron a investigar la corrupción en todo el continente bajo el pretexto de que la empresa Odebrecht utilizó el sistema financiero norteamericano para canalizar el pago de sobornos.

Como resultado de ese proceso judicial, varias empresas quebraron, miles de trabajadores quedaron desempleados y otros miles de millones de dólares se pagaron en concepto de multas al Estado brasileño, estadounidense y suizo; este último también se arrogo el cobro de multas ya que para pagar los sobornos, también se utilizó su opaco sistema financiero.

La colaboración de los acusados ante las autoridades norteamericanas dio lugar a la apertura de investigaciones locales en Argentina, Ecuador, Colombia y Perú. Las revelaciones que llegaron desde los Estados Unidos -la jurisdicción en la cual los corruptos hicieron la mayor cantidad de acuerdos de colaboración- comenzaron a ocupar los espacios centrales de diarios, noticieros y radios mucho antes de llegar a los escritorios de los juzgados y fiscalías de esos países. 

La clase política y empresarial fue cubierta del principió de culpabilidad. Todos los políticos, todos los empresarios y cualquier persona cercana a ellos fueron considerados corruptos incluso antes de comenzar las investigaciones. Muchos de ellos lo eran y lo siguen siendo, pero lo más importante de esa trama fue el consenso popular que se alcanzó: todos son corruptos.

A la exposición mediática y política de que todos eran corruptos, le siguió otro evento aglutinante para ese consenso: el Covid 19. La pandemia que comenzó a finales del 2019, además de marcar al mundo con la muerte de 15 millones de personas, esparció teorías conspirativas respecto del origen del virus y reforzó la percepción de que todos los que estan a nuestro alrededor son corruptos. No faltaron motivos para pensar esto último. 

Equipamientos médicos necesarios para mitigar las consecuencias de la pandemia se pagaron con sobreprecios a empresarios históricamente prebendarios y en algunos casos nunca llegaron a ser utilizados. Funcionarios, familiares y empresarios se vacunaron mucho antes de las personas que corrieron mayor riesgo de vida. Para controlar la expansión del virus se desplegaron controles represivos con el objetivo de limitar el movimiento de la ciudadanía, mientras presidentes, funcionarios y empresarios se reunieron casi periódicamente para celebrar fiestas en casas de gobierno y residencias oficiales.

Como fue previsto, las medidas para contener el virus destruyeron millones de puestos de trabajo, encareció el costo de vida y sumergió en la pobreza a enormes masas de la población mundial, mientras referentes políticos y empresarios no sufrieron grandes cambios en sus condiciones de vida.

EL RESURGIR DE UNA VIEJA HERRAMIENTA GEOPOLÍTICA

Afortunadamente, Latinoamérica no ha sido víctima de fenomenos globales como el terrorismo, a excepción de los dos atentados en Argentina durante los años noventa. Tampoco crisis migratorias súbitas como la ocurrida en Europa desde 2011 a causa de los sucesos bélicos en Medio Oriente y África. En gran medida, las desgracias que sufre la población latinoamericana son en lo que respecta al incumplimiento en el acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): salud, educación, vivienda, alimentación, agua, saneamiento, trabajo y seguridad social. Pero desde hace varios años -y cada vez más-, al estructural incumplimiento se de los DESC se suma   la exposición de la vida privada y comunitaria -sobre todo de la clase trabajadora- al poder económico y violento de las organizaciones criminales.

Actualmente Latinoamérica se atribuye el peor índice del mundo respecto a la cantidad de muertes violentas por habitante. La desatención, la incompetencia y la sobre ideologización sobre cómo intervenir ante el fenómeno del delito común y del crimen organizado genera un alto nivel de desconfianza sobre la capacidad y la voluntad del Estado en dar respuesta a la demanda. Un informe de la OCDE de este año -la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- revela una baja confianza por parte de la población en los gobiernos (48%) y una mayor credibilidad en las fuerzas armadas para gestionar las situaciones críticas (55%). La mayoría de las personas encuestadas consideró que la delincuencia es una de las amenazas más importantes junto con la corrupción y los problemas económicos.

La negligencia y los discursos trágicos o edulcorados incrementaron la sensación real de inseguridad de una gran parte de los ciudadanos, que en definitiva optaron por armarse, votar por arribistas políticos que plantean atacar el fenómeno suspendiendo las garantías constitucionales de toda la población o apoyar subrepticiamente a grupos criminales que imponen un cierto orden en los barrios en donde no se garantizan el acceso a los derechos. 

Como sucedio años antes con el terrorismo o con los casos de corrupción sistemica y extendida, el narcotrafico se transformó en una fuente de recursos inagotable para que los actores de relevancia utilicen antiguas tacticas geopolíticas en pos de una afianzada estrategia: garantizar la injerencia geopolitica en pos de sus beneficios. La renovada oportunidad con la que cuentan actualmente gobiernos como el de los Estados Unidos -el cual monopoliza la agenda desde los años ochenta-, se ampara en las deficientes gestiones públicas respecto a la contención del fenómeno del crimen organizado -sobre todo el narcotráfico y la violencia- que crece y se diversifica en todo el mundo.

Las causas y consecuencias de la producción y el tráfico de drogas en una herramienta geopolítica que se remonta hasta el siglo XIX, cuando Gran Bretaña y Francia obligaron al imperio chino a importar opio y así equilibrar el déficit comercial que tenían las potencias occidentales con la oriental. Casi un siglo después, los estados e imperios involucrados en las guerras mundiales autorizaron la producción y la comercialización de varios tipos de drogas -morfina, heroína, cocaína y anfetaminas- para que sus ejércitos las utilizaran como sedativo en algunos casos y como estimulantes en otros.

Terminada la segunda guerra mundial, con la flamante Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sancionó una Primera Convención Única de Estupefacientes (1961) en la cual se estableció un sistema de fiscalización internacional orientado a controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Esa convención nació bajo los auspicios y las aspiraciones de los Estados Unidos, y fundó las bases de la futura estrategia política de guerra contra las drogas y su papel como general a cargo de dirigir esa guerra.

Durante los años setenta y ochenta, los servicios de inteligencia norteamericanos -la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés)- asistió a narcotraficantes colombianos y mexicanos para que comercializarán cocaína hacía los Estados Unidos y Europa, para que estos a cambio financiaran la compra de armas para el régimen irani -con un embargo armamentístico declarado por los propios Estados Unidos- y a los grupos paramilitares creados por la propia CIA para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. El caso saltó a la fama y se popularizó como el escándalo Irán-Contra -o Irangate- y las pocas condenas que se dictaron sobre militares y funcionarios quedaron en la nada, ya que la mayoría fueron indultados por el presidente George W. Bush.

Algo similar ocurrió por esa misma época en Panamá. La CIA que apoyó al general panameño Manue Noriega para llegar a la presidencia de la Nación, cuando este se mostraba como opositor a la Unión Soviética, al cambiar sus posturas y mostrar cierta independencia de los Estados Unidos tomó la decisión de desplazarlo del cargo. Para cuando la CIA decidió que Noriega era un objetivo, el presidente de Panamá ya se había transformado en uno de los narcotraficantes más importantes de la región en alianza con los carteles colombianos. La incontrolable actitud de Noriega respecto de los intereses norteamericanos escaló y el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá y la detención de Noriega bajo los cargos de complicidad con el narcotráfico.

La lucha contra el narcotráfico fue una herramienta utilizada por los Estados Unidos y varios países de Latinoamérica que solicitaron o aceptaron la asistencia norteamericana para hacer frente al fenómeno del narcotráfico. Los dos ejemplos emblemáticos son los de Colombia y México. Los gobiernos de esos dos países rubricaron programas de asistencia económica, militar y judicial con los Estados Unidos con el objetivo de detener o desalentar la producción y comercialización de cocaína.

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida fueron paquetes de medidas propuestas por los Estados Unidos que en definitiva permitieron la instalación de capitales norteamericanos en el centro de la economía colombiana y mexicana bajo ciertas condiciones jurídicas especiales, y el despliegue de fuerzas armadas mixtas para perseguir narcotraficantes, destruir laboratorios y cultivos de hojas de coca.

NARCOTERRORISMO, CORRUPCIÓN, OPORTUNISMO Y DESORIENTACIÓN

Las acciones geopoliticas del último año en relación al narcotráfico -junto a la del terrorismo y la corrupción- volvió a ser una herramienta efectiva, ordinaria y peligrosa. En la actualidad, el narcotráfico ya no es como fue en los años noventa. Desde esa época, las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico comenzaron a destinar cada vez más recursos económicos y financieros para alquilar voluntades políticas y empresariales que protejan y expandan sus intereses. 

Al igual que como sucedió con el caso Odebrecht, sobre la base de reiterados casos, la convicción de una gran parte de la sociedad de que todos los políticos son cómplices o estan asociados con los narcotraficantes se cristalizó en la opinión pública latinoamericana. Ese estado de situación dió lugar a que diferentes sectores de la política -generalmente arribistas asociados con grandes empresas de comunicación- utilizar las consecuencias visibles del narcotráfico -asesinatos, violencia, etc- para multiplicar esa concepción y generar desagrado sobre ciertos pilares del sistema democratico, sobre todo el principio de inocencia y ciertas garantías constitucionales.

Ese mismo sector impulsó el concepto de narcoterrorismo y lo expande por el multi “verso”. Uno de los mayores promotores de esa estratégia es el presidente Donald Trump, que apoyado en el argumento veraz de que desde Venezuela se exportan grandes cantidades de cocaína hacía los Estados Unidos con el patrocinio de autoridades del Estado. Para detener esa invasión, como la que se denuncia en Europa con los migrantes y refugiados, Donald Trump desplegó buques y aviones de guerra en la zona del mar Caribe y comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de cocaína.

Al igual que como sucedió con el general Manuel Noriega en Panamá, las autoridades judiciales norteamericanas acusan a Nicolas Maduro y parte de su círculo más cercano de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico y de dar refugió a organizaciones terroristas. La indecisión política de los partidos y gobiernos de carácter progresista sobre condenar la violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela es utilizada por sectores afines a los del presidente Trump para promover la injerencia en el país y la región. El crecimiento de la retórica en torno al narcotráfico se suma a las acusaciones de violación de los derechos humanos, corrupción y terrorismo que se plantean sobre el regimen venezolano y que favorecen el consenso en ciertos sectores de derribarlo a traves de la fuerza militar.

CONCLUSIÓN

La exposición frecuente y acelerada a noticias vinculadas al narcotráfico y a sus consecuencias provoca la magnificación de un problema que ya es inmenso y complejo, tanto en el plano internacional como en el nacional. El aumento de la demanda y la oferta de drogas genera escenarios de violencia frente a los cuales los gobiernos, en la mayoría de los casos, no saben dar respuesta por incompetencia y, en otros, por abierta complicidad.

Los arribistas políticos realizan análisis escuetos y voluntaristas, incluso si se los considera formulados de buena fe. Una y otra vez, estos sectores arriban a propuestas que no tienen nada de novedoso: endurecimiento de penas, militarización de la seguridad interior y reinstauración de la pena de muerte. Todas ellas fueron aplicadas en distintos contextos históricos y geográficos, y sus resultados están a la vista.

Persistir en el falso dilema entre la negación progresista y el punitivismo autoritario -además de ser simplista y falto de compromiso- solo garantiza la continuidad del problema. El crimen organizado no se expande únicamente por su capacidad violenta y financiera de infiltrarse, sino también por la ausencia de alguna de las instituciones del Estados para proteger y fomentar el desarrollo de manera efectiva.

La historia reciente demuestra que cada vez que el miedo se transformó en el eje de la intervención política, las respuestas excepcionales terminaron consolidándose como norma. Terrorismo, corrupción y narcotráfico funcionaron —y funcionan— como dispositivos para justificar la suspensión de derechos, la tutela externa y la degradación democrática. Si América Latina no logra construir herramientas propias, eficaces y democráticas frente al crimen organizado, el riesgo no es solo la expansión del delito, sino la consolidación de un nuevo ciclo de excepcionalidad permanente.