Cuando la sociedad le quitó la tierra a la mafia

Desde los campos de Sicilia hasta los barrios populares de Rosario, la confiscación y reutilización social de los bienes mafiosos se transformó en una de las políticas más innovadoras para debilitar al crimen organizado en el mundo. Hoy cumple 30 años.

De la misma tierra de la que surgió la mafia, nacieron las cooperativas.

La bandera bicolor de Sicilia simboliza Palermo y Corleone. Durante la Edad Media, el amarillo representaba a Palermo —el oro, la riqueza y el estatus de la ciudad— mientras que el rojo de Corleone evocaba la valentía y la sangre derramada en el campo de batalla. Sicilia es una tierra generosa: de ella provino el trigo que alimentó a millones de personas en tiempos del Imperio Romano, los limones introducidos por los árabes tras la conquista de la isla en el siglo IX y el azufre que en el siglo XIX la convirtió en uno de los principales proveedores del mundo. Pero la generosidad de la tierra también trajo tragedias que la llenaron de sangre.

La tierra ajena era trabajada por campesinos y por familias enteras que debían enterrar sus manos en ella para intentar sobrevivir. Cuando el cuerpo resistía el trabajo del día, algunos estudiaban por la noche a la luz de una vela. Pero además de soportar la explotación de los terratenientes, desde los años cincuenta y hasta finales del siglo XX sus vidas también dependieron de la voluntad de la Cosa Nostra.

De esa misma tierra en la cual los campesinos enterraban sus manos nació la mafia. Surgió del control de la producción y el comercio del trigo, los limones y el azufre. Pero la mafia evolucionó mucho más rápido que el Estado y se trasladó hasta la ciudad. Con tiempo, violencia, riqueza y corrupción, la mafia se convirtió en un fenómeno en permanente transformación. Pero en la tierra también nació uno de sus enemigos. Un campesino que estudió a la luz de la vela, que militó sindicalmente, que se terminó sumando a la actividad política y llegó a ser diputado. Fue de los primeros en comprender que el poder de la mafia no estaba en las armas sino en sus bienes.

El talón de Aquiles de la mafia

Aquel campesino se llamaba Pio La Torre. Como líder sindical y militante del Partido Comunista llegó hasta el Parlamento italiano, y junto al magistrado Cesare Terranova -asesinado por la mafia en 1979- fueron los promotores de las primeras medidas modernas en la lucha contra la mafia. En 1976, La Torre presentó junto a Terranova dos propuestas que con el tiempo terminaron revolucionando los métodos de lucha contra la mafia no solo en Italia.

En primer lugar, propusieron introducir en el Código Penal la posibilidad de sancionar a cualquier persona hasta con diez años de prisión por el solo hecho de formar parte de una organización mafiosa. En ese entonces, la política y la sociedad italiana todavía debatían si la mafia existía, si los delitos eran cometidos organizadamente o si solo eran una gran cantidad de casos oportunamente aislados.

Para las organizaciones mafiosas, la mayoría de sus miembros son descartables. Los eslabones más débiles de la cadena criminal se reemplazan con facilidad. Pero la propuesta de los diputados ampliaba la capacidad de la justicia para perseguir y condenar a todos los mafiosos, sin importar su rango. Esa decisión provocó un cambio en la lógica, ya que algunos de esos mafiosos decidieron comenzar a colaborar con la justicia. A través de la información que aportaron sobre la organización, los mafiosos esperaban una reducción en sus condenas. 

Sin embargo, el verdadero temor dentro de la mafia estaba en el segundo proyecto: el decomiso de sus bienes. Por su origen siciliano, su condición de campesino y su militancia, La Torre conocía mejor que nadie el comportamiento y las herramientas con las que la mafia controlaba el territorio y a sus comunidades. Si bien la violencia física sigue siendo el instrumento más visible en las organizaciones de este tipo, La Torre comprendía que la mafia domina los territorios con aquello que más abunda: los inmuebles. 

Los bienes que obtenía la mafia a través del lavado de dinero le otorgaban un formidable poder económico. Pero sobre todo eran una poderosa herramienta de control social. La comunidad sometida debía saber que las casas, las empresas, los comercios e incluso los alimentos que se vendían en la comunidad le pertenecían. Las propiedades funcionaban como una especie de panóptico social, que le recordaba a la comunidad que la mafia estaba presente.

El año 1982 fue particularmente sangriento en Sicilia. Pio La Torre fue asesinado el 30 de abril junto a su custodia Rosario Di Salvo. El 3 de septiembre, el general Carlo Alberto Dalla Chiesa, su esposa y uno de sus custodios también fueron asesinados. Dalla Chiesa había llegado a la isla con la misión de terminar con la mafia. La conmoción que produjeron esos “cadáveres ilustres” —como los llamó una parte de la opinión pública— obligó al Estado nacional a reaccionar.

Al otro día del atentado, el 4 de septiembre de 1982, el Parlamento italiano aprobó la ley 646 e introdujo al Código Penal el delito de asociación mafiosa (artículo 416-bis) y el decomiso de los bienes en manos de las organizaciones mafiosas.

Cuando la mafia declaró la guerra

El panóptico comenzaba a desmoronarse. La sanción de la ley provocó pánico entre los mafiosos y una conversación telefónica que interceptaron las fuerzas de seguridad así lo confirmó: “Hay que salir de Italia. Se van a quedar con todo.” Si bien el Poder Judicial italiano tardó varios años en emitir condenas por el delito de asociación mafiosa, las medidas judiciales para quitarle los bienes a la mafia comenzaron a multiplicarse.

Los diarios de Sicilia graficaban periódicamente en sus portadas la gran cantidad de cadáveres que la mafia dejaba en calles, casas o baúles de autos, sobre todo de los Alfa Romeo Giulietta, el auto fetiche de los mafiosos por aquellos tiempos. Los ataques tenían varias causas: las detenciones masivas, el incumplimiento de los políticos corruptos respecto de la garantía de impunidad y la creciente cantidad de bienes que la justicia les quitaba.

Un grupo de magistrados a instancias de Rocco Chinnici —magistrado asesinado en 1983— comenzó a investigar de manera coordinada a la Cosa Nostra. Frente a los avances de ese minúsculo grupo, la mafia respondió declarando la guerra al Estado y atacando salvajemente a representantes políticos y judiciales, sindicalistas, empresarios, activistas y periodistas. 

Los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fueron los que mayor impulso dieron a esas investigaciones. Prepararon la investigación más importante de la historia moderna contra la Cosa Nostra. En un sector de la cárcel de Palermo, acondicionado para soportar ataques con misiles, tuvo lugar el Maxiprocesso, el juicio en el cual se condenó a 360 mafiosos —entre ellos varios boss— a un total de 2.665 años de penas de prisión, sin incluir las cadenas perpetuas contra varios jefes que se encontraban prófugos.

La voluntad de Falcone y Borsellino de seguir investigando los vínculos de la mafia con los principales sectores de la economía siciliana y el Estado los colocó en el punto de mira de la mafia y sus aliados. Cinco años después de aquella sentencia, el 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, su esposa y tres de sus escoltas fueron asesinados mediante una potente bomba en la autopista por donde circulaban. Cincuenta y siete días después, Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas también murieron a causa de una bomba frente a la casa de su madre.

Durante mucho tiempo, los salvajes asesinatos de la mafia ahogaron de miedo a la sociedad siciliana. Con los asesinatos de Falcone y Borsellino todo cambió. Sus muertes despertaron la ira y la esperanza en la comunidad siciliana. Los balcones se cubrieron de sábanas blancas para honrar la memoria de los magistrados. Los funerales se transformaron en multitudinarias manifestaciones de bronca y dolor. Los referentes políticos fueron expulsados a los gritos. “Son nuestros muertos” les gritaban los sicilianos. La mafia intentó estrangular con el miedo la vida en comunidad, pero a través de sus bienes, la sociedad comenzó a reconstruirla.

La segunda vida de los bienes mafiosos

Una fría tarde de diciembre del año 1994, un grupo muy diverso de organizaciones italianas se reunió por iniciativa del sacerdote Luigi Ciotti, el fundador del Gruppo Abele, una institución dedicada a brindar asistencia a personas en situación de marginalidad y problemas con las drogas. Estaban en Roma para brindar una conferencia de prensa y anunciar el nacimiento de un cártel —como el de los narcos— pero integrado por organizaciones que se oponían a la mafia y que consideraban un deber de toda la sociedad. En ese encuentro, además de presentar públicamente a la asociación Libera —Associazioni, nomi e numeri contro le mafie—, se lanzó una convocatoria pública y masiva para recolectar firmas y exigir la reutilización social de los bienes recuperados de la mafia y la corrupción.

Sin plataformas web ni redes sociales que faciliten la comunicación, la campaña comenzaba con el estilo tradicional del cara a cara. Jóvenes, adultos y ancianos instalados junto a mesas de plástico, pancartas y volantes conversaban e invitaban a las personas para que acompañaran con sus firmas la propuesta de ley. Durante más de un año, las organizaciones y cientos de voluntarios recolectaron más de un millón de firmas y el 7 de marzo de 1996 —hace treinta años— lograron que en el Parlamento italiano se aprobara la Ley 109/96 y comenzara una nueva etapa en la lucha contra la mafia.

El decomiso de los bienes fue un primer paso importante para desmantelar la red económica y el panóptico social que la mafia había construido en el territorio. Pero la burocracia estatal hasta la sanción de la ley 109/96 solo terminaba reforzando la estructura de vigilancia. Todas las casas, edificios y campos quedaron vacíos. Los mafiosos habían sido expulsados, el Estado no los ocupaba y la comunidad no se acercaba a ellos. La mafia seguía presente en el territorio.

Cuando los bienes comenzaron a ser asignados a los distintos niveles de gobierno para que, junto a las organizaciones, les dieran una nueva vida, el panóptico mafioso definitivamente comenzó a destruirse. El trabajo conjunto sobre los inmuebles rompió la barrera de miedo que separaba a las personas de todos ellos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esa ruptura ocurrió en el año 2001, cuando en un pequeñísimo pueblo en las laderas del Monte Iato —en San Giuseppe Jato—, promovidos por Libera, el Estado y los campesinos de la zona fundaron la cooperativa agraria Placido Rizzotto. Bautizada con el nombre del sindicalista corleonés asesinado en 1948 por la Cosa Nostra y en tierras recuperadas a bosses mafiosos como Riina, Bagarella y Brusca, la cooperativa se transformó en un punto de inflexión para la lucha contra la mafia y en la política de reutilización social de los bienes.

El desafío de fundar una cooperativa sobre tierras de la mafia no era sencillo, sobre todo si Bernardo Provenzano, el boss de la Cosa Nostra prófugo desde hacía más de 40 años, recién iba a ser detenido en 2006 mientras se ocultaba en la misma zona en la que funcionaba la cooperativa. Quizás por ello, los mafiosos enviaban sus rebaños hasta las tierras de la cooperativa para destruir los cultivos. O los vendedores locales de maquinaria agrícola se negaban a venderles o alquilarles maquinaria a la cooperativa.

El día designado para realizar la primera cosecha de la cooperativa Placido Rizzotto, a la cual asistieron los vecinos de la zona, funcionarios del Estado y referentes de organizaciones sociales, no quedaba un solo conductor de tractor, todos se habían ausentado por amenazas de la Cosa Nostra. Un policía debió ponerse al volante, comenzar la cosecha y terminar enviando un mensaje: no nos detendremos. 

El panóptico mafioso se transforma en un sinóptico social. Con el control de los bienes y la puesta en marcha de nuevos proyectos a partir de esos bienes, la comunidad es quien observa, controla y debilita a la mafia.

A pesar de todos los contratiempos, la cooperativa salió adelante. Con el apoyo del Estado, la comunidad, las universidades, las organizaciones, los sindicatos y las cámaras empresarias sus productos se comercializan por toda Italia, emplean a más de 30 personas y se han transformado en un ejemplo exitoso para toda la isla que comenzó a replicarse. Según los datos publicados por la Agencia Nacional para la Administración y Disposición de Bienes Incautados y Confiscados al Crimen Organizado, 23.026 bienes inmuebles fueron confiscados en toda Italia y asignados a organismos del Estado y organizaciones sociales de conformidad con el Código Antimafia; otras 20.848 propiedades aún esperan su proceso de asignación.

De Sicilia al mundo: la expansión del modelo

El decomiso de bienes a organizaciones criminales es una práctica extendida en el mundo, pero su reutilización social sigue siendo, por ahora, una política pública italiana. Desde la sanción de la Ley 109/96, Libera y el Estado italiano no solo trabajaron para mejorar los mecanismos de conservación y asignación de esos bienes, sino también para impulsar el modelo en otros países.

La Unión Europea ya emitió dos directivas —una en 2014 y otra en 2024— indicando a sus Estados Miembros para que adecuen sus procedimientos para conservar en mejores condiciones los bienes, gastar menos dinero y reutilizarlos socialmente para fortalecer el trabajo territorial y simbólico de las organizaciones. En América Latina, a través de la Red ALAS —una iniciativa de Libera—, la política de reutilización se transformó en propuestas judiciales y legislativas concretas. Actualmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica y hasta en los Estados Unidos, las autoridades destinan ciertos bienes para que organizaciones sociales los reutilicen a pesar de no contar con leyes que regulen el procedimiento.

Lo que comenzó en Sicilia como una respuesta al poder de la mafia hoy se presenta como una política pública global. La reutilización social de los bienes confiscados plantea un desafío mayor sobre cómo enfrentar al crimen organizado e involucra a todas las instituciones del Estado y a la sociedad en la tarea. Ya no se trata solo de quebrar económicamente a la mafia o de desarmar su panóptico, sino de reconstruir la comunidad devolviéndole el control del territorio, los recursos y las oportunidades.