El crimen es ser una democracia

Crimen organizado, excepción y poder: un análisis sobre cómo la seguridad se convierte en argumento político en democracias contemporáneas.

Crimen organizado, excepción y poder en los Estados Unidos.

El bombardeo de la ciudad de Caracas la madrugada del 3 de enero y el posterior secuestro de Nicolás Maduro y su esposa por parte de las fuerzas militares estadounidenses no fue una práctica novedosa en la política internacional estadounidense, sobre todo si fue con el aparente objetivo de llevarlos hasta los Estados Unidos y presentarlos ante un juez, acusados por delitos de criminalidad organizada.

El antecedente más cercano, por tiempo, región y circunstancia, es el de Manuel Noriega, un militar que se hizo con el poder en Panamá —mediante el apoyo de Estados Unidos—, pero terminó acusado por su antiguo aliado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El 19 de diciembre de 1989, después de bombardear varios objetivos militares, más de veinte mil soldados estadounidenses invadieron Panamá con el objetivo de “restablecer la democracia” y capturar a Noriega. Cuestiones del destino: después de ocultarse durante varios días, el 3 de enero de 1990, Manuel Noriega se entregó ante los altos mandos militares estadounidenses para ser finalmente condenado a 30 años de prisión por narcotráfico, criminalidad organizada y lavado de dinero.

Los motivos del presidente Donald Trump para bombardear Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa son varios y de diferente orden. En el caso particular de Venezuela, los niveles de injerencia política de China en la región y el control de recursos estratégicos como el petróleo, los minerales y las llamadas tierras raras —fundamentales en el desarrollo de la economía digital— son claramente algunos de esos motivos.

Pero los motivos públicos que supuestamente lo llevaron a tomar esa decisión —que nunca intentó explicar— el presidente Donald Trump los encuentra en la expansión del fenómeno del crimen organizado a nivel mundial, las consecuencias que esto tiene para los Estados Unidos —medio millón de muertos por consumo de drogas en la última década— y la oportunidad política de intervenir en terceros países.

El presidente Trump decidió identificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, “que han inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, así lo evoca la orden ejecutiva 13224 firmada un mes después de asumir su segundo mandato. La campaña orientada a emparentar a los migrantes como los responsables de los crímenes cometidos en los Estados Unidos se amplificó recién al asumir en el cargo y comenzar a intervenir militarmente en la zona del mar Caribe, atacando barcos supuestamente cargados de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Para el presidente Trump, como para muchos de sus aliados en la región, la situación política y la violación de los derechos humanos en Venezuela se convirtió en la excusa perfecta para fundamentar parte de una política represiva y de control político dentro del territorio estadounidense.

La política que despliega el presidente Donald Trump en su propio país es consecuencia de un deterioro fenomenal de las instituciones políticas tradicionales —nacionales e internacionales—, de un patrimonio cultural y político de bases mitológicas que tiene sus raíces en la independencia de los Estados Unidos y de una filosofía política que resurgió después de casi cien años.

El pasado como programa político

Desde hace varios años, en muchas regiones del planeta nos encontramos en medio de un proceso de transformación respecto de algunos pilares del sistema democrático. Nuevos actores políticos, religiosos, sociales, comunitarios y comunicacionales irrumpieron en la escena política, mientras los tradicionales o históricos declinan o se sostienen con un porcentaje de aceptación y confianza decididamente menor.

En sus campañas electorales y en sus gestiones gubernamentales, esta nueva clase de dirigentes apela a la recuperación de supuestos valores nacionales que le dieron forma a un supuesto pasado de esplendor, del cual ellos o sus antepasados no formaron parte, ni en su construcción ni en los supuestos beneficios.

Estos nuevos líderes se muestran antagónicos a los sectores tradicionales del poder político y económico, aunque sean quienes favorecieron sus costosas campañas de posicionamiento público. Se suelen presentar como miembros comunes de la sociedad, a quienes el esfuerzo individual les permitió llegar al lugar en el que están, y consideran que, a través de la restauración de los valores tradicionales, las personas que así lo deseen —sin importar las condiciones de base—, si se esfuerzan, también podrán desarrollarse como lo hicieron ellos.

La idea de recuperar un pasado maravilloso necesariamente conlleva la idea de que, en algún punto de la historia, ese pasado se destruyó. La génesis de esa destrucción suele identificarse en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de las estructuras políticas del llamado Estado de Bienestar en el plano nacional y de la multilateralidad como práctica predominante en el plano internacional.

Respecto de este último punto, los países periféricos como Argentina o El Salvador reniegan de la multilateralidad política, pero no así de la económica. Si la alineación política total a un solo país fuera extensible a las relaciones comerciales, en un mundo altamente globalizado, supondría un riesgo excepcionalmente grande no solo para el desarrollo, sino también para la supervivencia de sus gobiernos.

Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, los líderes políticos vencedores acordaron establecer una cierta cantidad de límites a la conducta de los actores políticos en cualquiera de sus ámbitos, principalmente en los económicos y militares. También acordaron crear organismos y desarrollar una praxis más o menos inconsciente de promoción y garantía de los derechos humanos, económicos y sociales.

Si bien en innumerables ocasiones esos organismos —la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), entre otros— no estuvieron a la altura de sus obligaciones, el entendimiento general alcanzado favoreció, de manera dispar, el desarrollo económico y social de algunas regiones.

Actualmente, los nuevos líderes plantean que esos límites y organismos restringieron el crecimiento económico de los Estados y que la política de integración y de respeto a las garantías los expuso a riesgos en lo que respecta a la seguridad ciudadana y geopolítica. Se presentan como enemigos del respeto irrestricto de las garantías constitucionales, en una especie de crítica al positivismo jurídico moderado o incluyente que surgió como respuesta al positivismo clásico, típico de los tiempos de guerra.

El límite como problema

En el caso particular de los Estados Unidos, el maravilloso pasado al que hacen mención la mayoría de sus presidentes se remonta a los primeros colonos que, a mediados del siglo XVII, llegaron desde Gran Bretaña. El pasado y, sobre todo, el futuro de los Estados Unidos al que hace mención Donald Trump deriva de la Doctrina del Destino Manifiesto.

Esta doctrina de bases religiosas —o mitológicas— se retrotrae a los primeros colonos protestantes y puritanos —principalmente ingleses y escoceses— que consideraban a Estados Unidos como una futura nación elegida por Dios, y cuyo pueblo tenía el deber de extenderla desde el océano Atlántico hasta el Pacífico.

La aparente importancia de recuperar el pasado para volver a la senda de un futuro predestinado para los Estados Unidos fue una de las primeras cuestiones mencionadas por el presidente Donald Trump cuando asumió su segundo mandato. En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, el presidente aseguró que “Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta nuestra riqueza, expande nuestro territorio, construye nuestras ciudades, eleva nuestras expectativas y lleva nuestra bandera hacia nuevos y hermosos horizontes”.

El presidente Trump está convencido de que el bienestar de los ciudadanos del resto del mundo es a costa del sacrificio del pueblo estadounidense, un enfoque que extiende a los niveles de criminalidad que se padecen en los Estados Unidos. Para referirse a esta cuestión, el entonces candidato Trump sostuvo que “el delito estaba fuera de control”.

La cantidad de delitos violentos aumentó en los años inmediatamente posteriores a la pandemia del coronavirus, pero esos mismos estudios muestran que, para cuando Donald Trump fue electo presidente en 2024, el índice de delitos violentos —fundamentalmente robos y homicidios— cayó hasta ubicarse en los niveles más bajos de los últimos treinta años.

A pesar de los números, el ahora presidente Trump afirma que la cantidad de delitos sigue siendo extremadamente alta y que los migrantes —sobre todo latinoamericanos— son quienes cometen la mayor parte de esos crímenes violentos. Solo por una cuestión de origen o idioma, el presidente Trump acusa a los migrantes de pertenecer a organizaciones criminales complejas. Además, entiende que esas organizaciones se establecieron en los Estados Unidos por iniciativa de las autoridades venezolanas, mexicanas, colombianas y brasileñas, en un supuesto intento por sacarse el problema de encima y desestabilizar el orden en Estados Unidos.

A través de una inusitada cantidad de órdenes ejecutivas o decretos —muchos posteriormente anulados por la justicia federal—, de leyes con más de doscientos años de antigüedad —como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798— o mediante una mayoría circunstancial de representantes y senadores en el Congreso, el presidente Trump dispuso una serie de medidas orientadas a “proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales”.

Desde sus primeros días como presidente en su segundo mandato como inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional —una reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos—, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), del FBI y de otros organismos de seguridad federales en varias ciudades de los Estados Unidos, para detener y deportar a la mayor cantidad de migrantes posible.

La democracia administrada

Con casi dos mil quinientos miembros de las fuerzas federales desplegadas en el estado de Minnesota —la misma cantidad de soldados que Estados Unidos dejó como reserva en Irak—, el presidente Donald Trump se propuso condicionar cualquier tipo de oposición a su política de gobierno.

La elección de Minneapolis como escenario de prueba no es una casualidad. El 25 de mayo de 2020, un grupo de policías asesinó a George Floyd Jr., un afroamericano, padre de cinco hijos, con antecedentes criminales menores por posesión de drogas. El asesinato, grabado en celulares por transeúntes al momento de la detención, generó la indignación de un importante sector de la ciudadanía estadounidense y el resurgir del movimiento Black Lives Matter.

El presidente en ese entonces también era Donald Trump —su primer mandato—, e inmediatamente se opuso a las reivindicaciones del movimiento, así como a cualquier tipo de propuesta que proviniera de este. “Las turbas de izquierda han derribado estatuas de nuestros fundadores, profanado nuestros monumentos y han llevado a cabo una campaña de violencia y anarquía”, dijo en un acto oficial el 17 de septiembre de 2020.

En este segundo mandato, la voluntad del presidente Trump parece ser convertir a Minneapolis y a gran parte de sus ciudadanos —muchos de los cuales se manifestaron en su contra durante su primer mandato— en una suerte de muestra de lo que está dispuesto a hacer en todo el país. Además, el estado de Minnesota es cosmopolita, con grandes comunidades de migrantes procedentes de México, el sudeste asiático, India y Somalia, según el American Immigration Council.

Apelando a la Doctrina del Destino Manifiesto, el presidente Trump busca encender las brasas de un importante sector de la sociedad estadounidense que añora recuperar un cierto prestigio que funcionó como garante de orden y desarrollo en los Estados Unidos y que considera que debe extenderse al resto de los países. Pero, en la práctica, el presidente Trump también recurre a una filosofía surgida en la Alemania del período de entreguerras.

En su libro El Estado dual, el abogado y politólogo alemán Ernst Fraenkel planteó que, en los años previos y durante la hegemonía del partido nazi en Alemania, existieron dos tipos de Estados complementarios: uno normativo, regido por las leyes, y otro de medidas, conducido exclusivamente por criterios políticos ilimitados.

El jurista alemán desarrolló la idea de que el Estado normativo fue el que actuó como garante de los derechos privados de los ciudadanos alemanes no judíos —sobre todo de los dueños del capital—, quienes, a pesar del estado de situación, podían continuar recurriendo a los organismos del Estado —en particular, al Poder Judicial— para hacer uso de sus derechos y garantías frente a cualquier arbitrariedad cometida por miembros del propio Estado.

Respecto del Estado de medidas, Fraenkel consideró que, para este tipo de filosofía, la acción precede a la ley —primero está el hecho y después el derecho—, y que la ley se encuentra sujeta a las necesidades políticas que los representantes identifican como tales, fundamentalmente cuando se determinan enemigos: en el caso de la Alemania nazi, primero fue el comunismo, luego los judíos y, finalmente, cualquier opositor al régimen.

La policía secreta oficial de la Alemania nazi —la Gestapo— funcionó como cualquier otro tipo de policía dedicada a establecer o preservar el orden, pero, por decisión política, podía detener a cualquier persona sin orden judicial y enviarla a campos de concentración sin ningún tipo de proceso que lo avalara.

Crimen, migración y excepción

El despliegue de ICE y otras fuerzas federales en el estado de Minnesota —en un número similar al que Estados Unidos tiene de soldados en Irak—, el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en protestas espontáneas contra este tipo de procedimientos —Renee Nicole Good (37) y Alex Jeffrey Pretti (37)— y la utilización de niños de cinco años de edad como carnada para que sus padres migrantes salgan de sus casas y poder detenerlos son públicamente justificados por el presidente Trump.

Los agentes federales se mueven en vehículos no identificados por toda la ciudad, con el rostro cubierto, portando armas largas y con chalecos antibalas que los asimilan más a una ocupación militar de una ciudad en otro país que al despliegue de una fuerza policial que intenta cumplir una política migratoria que afirma tener como objetivo llevar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos estadounidenses.

La situación superó todos los límites previstos y la comparación con una ciudad sitiada por fuerzas de ocupación se repite de manera permanente en los medios de comunicación. Pero incluso en una guerra existen reglas de combate que, en mayor o menor medida, se cumplen. En el caso de los agentes de ICE —por citar solo a una de las fuerzas—, el vicepresidente J. D. Vance declaró que estos agentes cuentan “con inmunidad absoluta para cumplir con las órdenes recibidas”.

Los agentes federales no solo persiguen a posibles migrantes —lo cual, en Estados Unidos, en la práctica los ubica con el mismo estatus que a un criminal—, sino que también suelen amenazar con detener a cualquier persona que se acerque a registrar con sus celulares los procedimientos. Esos videos permitieron no solo desmentir las versiones oficiales sobre los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses ocurridos en Minnesota durante el último mes, sino también conocer la permanente violación de la ley que estos agentes cometen en sus intentos por detener migrantes.

Hostigan a personas con posibles vínculos con migrantes para poder localizarlos y detenerlos, irrumpen en propiedad privada sin autorización judicial ni consentimiento de los dueños, deportan rápidamente a los migrantes alojados en los nuevos centros masivos de detención para evitar presentaciones judiciales que puedan impedir el trámite de deportación y, en muchos de esos casos, a pesar de contar con protección emanada de las autoridades judiciales, los migrantes son igualmente deportados.

Respecto de esto, el presidente Trump declaró en su despacho de la Casa Blanca ante integrantes de la prensa nacional: “Los estamos sacando, y un juez no puede decir: ‘No, tienen que tener un juicio’”. En redes sociales, el día anterior había escrito: “No podemos darles un juicio a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años”.

Para terminar de dar forma a su propia versión del Estado dual, el presidente Trump se comprometió a seguir sumando jueces en los tribunales de apelación que apoyen sus medidas. Esa táctica comenzó durante su primer mandato y, en un intento grosero por amplificar la sensación de impunidad entre los ciudadanos estadounidenses, el presidente Trump confesó: “Si son mis jueces, ya saben cómo van a decidir”.

El crimen como política

La asociación simbólica y generalizada entre un migrante y un miembro de una organización criminal dedicada al narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual o el lavado de dinero es el argumento central en la retórica política del presidente Trump para legitimar el Estado de medidas. Un mecanismo similar operó durante la Alemania nazi, cuando la retórica oficial asimiló al judío como una amenaza al orden público, facilitando la aplicación de medidas excepcionales sobre ese sector.

Porque, si bien se trata de un Estado que en muchos aspectos atraviesa al Estado de las normas, la política como mandante requiere de la política como elemento fundante. En este caso, el presidente Trump —como los de Argentina y El Salvador— lo utiliza en su discurso y en su práctica política, porque el crimen organizado es un fenómeno real que desde hace mucho tiempo genera miedo en la población, sobre todo en la clase trabajadora.

Gran parte de la sociedad estadounidense se moviliza en las calles intentando derrumbar este tipo de prácticas, pero los representantes políticos nacionales e internacionales no parecen estar a la altura. El desacople que los Estados Unidos mantienen respecto del sistema de multilateralidad y prevención de los derechos humanos es histórico: no comenzó con Donald Trump, pero nunca había llegado hasta este punto.

El caso de Maduro y su esposa ya había ocurrido casi cuarenta años antes. Los ataques a los organismos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial fallaron otra vez cuando los Estados Unidos decidieron invadir dos países en Medio Oriente y diseminar a sus poblaciones después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Varios presidentes norteamericanos se negaron a firmar o ratificar tratados sobre derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1973), la Convención contra la Tortura (1984), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), entre otros. No fue —ni es— solo Trump.

Lo que ocurrió en Venezuela rápidamente salió de los medios y la atención se desplazó hacia Groenlandia, un territorio que forma parte de un aliado militar histórico de los Estados Unidos como es Dinamarca. Es cuestión de tiempo para saber qué va a pasar. Pero lo que sí es seguro —y ya está pasando— es que este tipo de discursos y, sobre todo, este tipo de acciones deberían despertar a los dirigentes de todo el mundo de la presuntuosa idea de seguir implementando soluciones antiguas a problemas antiguos que no se resolvieron y que se volvieron más complejos.

El crimen organizado ya fue utilizado por los Estados Unidos como argumento para justificar sus intervenciones políticas y militares en terceros países; hoy esa práctica se mantiene, pero además comenzó a utilizarse como herramienta de control político. O quizás, el crimen organizado se está convirtiendo en la política.